Caso Odebrecht

MinHacienda pide no tumbar la norma, que dicen, beneficiaría a Odebrehct

La Sala Plena de la Corte Constitucional está estudiando la demanda del excontralor Edgardo Maya Villazón.

La Corte Constitucional estudia la demanda que interpuso el excontralor Edgardo Maya Villazón contra el parágrafo 1 del artículo 20 de la Ley 1882 de 2018, la Ley de Infraestructura, que señala que cuando se anule un contrato de Asociación Público- Privada, APP, el Estado debe reconocer lo invertido por el contratista, y en consecuencia, dicen, podría llegar a beneficiar a la multinacional Odebrecht pese a todos los actos de corrupción, obligando a que el Estado pague. 

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“(...) Cuando una autoridad judicial declare la nulidad absoluta del contrato estatal, o cuando una autoridad administrativa o judicial o la respectiva entidad estatal contratante ordene su terminación originada en una causal de nulidad absoluta, en liquidación se deberá reconocer el valor actualizado de los costos, las inversiones y los gastos, ejecutados por el contratista, incluyendo los intereses menos remuneración y pagos recibidos por el contratista en virtud del cumplimiento del objeto contractual”, dice la norma. 

El excontralor le advierte a la Corte que no se excluye a los contratistas que hayan cometido actos ilícitos, y que por tanto iría en contra de la Constitución de 1991 por lo que pide que se declare inconstitucional o que se señale “que cuando la declaratoria de nulidad absoluta o terminación unilateral de un contrato por parte de la entidad estatal sea consecuencia de un objeto o de una causa ilícita, (...) no habrá lugar a restitución o reconocimiento adicional alguno ni en costos, ni en inversiones (...) y mucho menos en intereses al contratista”. 

Uno de los argumentos que utiliza el Ministerio de Hacienda para defender la norma es que se protege a los terceros de buena fe. Explica que como los pagos en este tipo de contratos se hacen al final de la obra, el concesionario tiene que subcontratar empresas especializadas en diseños y construcción, proveedores y demás, por lo tanto, “en el evento de una nulidad absoluta por la ocurrencia de un ilícito, existirán terceros de buena fe afectados que no habrán tenido relación con el ilícito, pero que sin la certeza proporcionada por la norma demandada se verían perjudicados por el hecho, ya que no recibirían compensación alguna por los bienes o servicios prestados”. 

Para el Ministerio, se está haciendo una mala interpretación de la norma, porque no se hace una lectura completa de la misma. Resalta la diferencia entre un contrato de obra pública y una APP. Explica que con el primero se le va pagando al contratista lo que va ejecutando y que con el segundo se paga solo al finalizar la obra, por lo que al principio es el socio privado el único que invierte. Además, que en el inciso segundo de la norma, se ordena la retención del valor de la cláusula penal pactada en el contrato, o el 5 % del valor del contrato. 

Por lo que señala, “la norma demandada no solo no consiente el pago de valores adicionales a favor del contratista, sino que dota de certeza el proceso de definición de las restituciones mutuas y castiga al contratista reteniendo una porción de la suma a restituir”. 

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Además de esta entidad, el Consejo Gremial Nacional, Asobancaria, y la Cámara de Comercio de Infraestructura piden que se apruebe la norma, pues consideran que eliminarla, “podría implicar una afectación en los recursos públicos por el encarecimiento de proyectos de infraestructura y un desestímulo a la financiación de los mismos, así como un enriquecimiento sin justa causa por parte del Estado”.

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