Duque, entre la JEP y el CD

A pocos días de que el presidente Iván Duque tome una decisión sobre la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), se ha desatado un dura tensión entre quienes respaldan el proceso de paz y defienden su mecanismo especial de justicia, y quienes se mantienen en la posición de que este no pasa de ser un tribunal de impunidad. 

El futuro de la JEP está en manos del presidente. Podrá darle vida a la norma con su firma o podrá objetarla por inconveniente y entonces la devolverá al Congreso donde no es seguro que pueda tener mayorías para hacer los cambios que pide el fiscal que son casi los mismos que pide el Centro Democrático. Lo único que lograría es seguir dejando a los magistrados sin las herramientas necesarias para tomar decisiones contra ex guerrilleros y militares que se han acogido a la justicia de paz. O “innovando por vía interpretativa”, como advierte el profesor Rodrigo Uprimny.

Al fiscal y al partido del presidentes no les gusta la JEP, pero sobre todo les incomodan temas de la ley como las condenas a violadores de menores de edad en la justicia restaurativa y no en la ordinaria, o los delitos de narcotráfico o secuestro cometidos antes y después de la firma de los acuerdos. Hay oposición cerrada a que sea la JEP la que determine si fueron antes o después.

Lo único claro es que Duque es la última esperanza que les queda a quienes han cuestionado el sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición pactado con las Farc, incluido su consejero de paz. No pudieron lograr cambios de fondo en el Congreso ni tampoco lograron convencer a la Corte Constitucional y eso explica las dilaciones al trámite del proyecto en la Presidencia del Senado, la carta del fiscal Martínez , y la petición posterior del senador Álvaro Uribe para acabar con la JEP. La carta del fiscal parece más una presión política que una carga jurídica pues es claro que estaría yendo en contra de lo que ya la Corte revisó, ajustó y encontró en línea con la Carta Política. 

La decisión que tome el presidente sobre la ley estatutaria de la JEP cuando la sancione será la prueba más dura frente a la paz. Será una decisión política. Una sanción sin objeciones enviará un mensaje de esperanza al grupo de víctimas que esperan que Timochenko y los generales cuenten la verdad sobre los horrores del conflicto y qué pasó con sus muertos, y de tranquilidad a la comunidad internacional que está pendiente del cumplimiento de los acuerdos por parte del Estado. Pero lo dejará en problemas con el uribismo radical que no cree –con razón o sin ella—en una justicia que consideran está controlada por la izquierda. Una sanción con objeciones lo reconfortaría con su partido, que no está satisfecho con el reparto de puestos, y con el sector que votó por él convencido de que sometería a los acuerdos a una cirugía de fondo. Pero abrirá un gran interrogante sobre el futuro de los acuerdos.