Las cartas de la Procuraduría pidiendo informes sobre Hidroituango

Le preguntan a EPM si el proyecto sí es viable y a la CAR sobre las medidas a tomar.

Caracol Radio conoció las cartas que ha venido enviando la Procuraduría a varios funcionarios para que le entreguen informes detallados sobre las acciones a emprender tras la Procuraduría y para que se habla de las consecuencias reales de o que ha venido Procuraduríadel mismo.

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En una carta enviada el 7 de febrero, laProcuraduríale solicitó al gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, “proporcionar inmediatamente la información clara y completa respecto a la viabilidad del proyecto, así como los fundamentos técnicos que llevaron a adoptar esta última medida e informar sobre las consecuencias que el cierre de la compuerta No. 1 puede generar sobre la estabilidad de la represa, lo cual redunda, necesariamente en la seguridad de las poblaciones aguas abajo”.

En la misma, se dio el plazo de 24 horas para que el gerente enviara el plan de acción dirigido a las poblaciones humanas, la modelación del riesgo hacía las comunidades aguas abajo, y los planes de contingencia, recuperación y reincorporación de especies de la fauna y flora.

Un día antes de dicha comunicación, el 6 de febrero la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales le envió una carta al director general encargado de Corantioquia, Juan David Ramírez Soto, solicitando un informe completo sobre las consecuencias del cierre de la compuerta.

“Se hace necesario y urgente, identificar además de la evidente mortandad de peces y de la afectación al ecosistema del Río, cuáles serán las consecuencias ecológicas, en su jurisdicción, así como las medidas aquí frente a esta contingencia serán tomadas como máxima autoridad ambiental y cuáles en coordinación con las demás entidades competentes, especialmente con la Autoridad de Licencias Ambientales ANLA, encaminadas a prevenir los efectos económicos sociales y ambientales”, se lee.

Y agrega: “La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales solicita un detallado informe en un término no mayor a tres días sobre los daños ambientales generados por la disminución del caudal del río Cauca en cada una de sus jurisdicciones particularmente en el componente biótico (fauna y flora)”.

Dos días después, el 8 de febrero, la misma Delegada de la Procuraduría, le envió una comunicación a la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, en la que informaba sobre las principales consecuencias tras el cierre de la compuerta.

Caracol Radio conoció que en esa carta se señalaba la pérdida del caudal del río Cauca -resaltando que era el que garantizaba la funcionalidad biológica-, cambios físicos y químicos del agua, alteración y pérdida de las comunidades ícitas, entre otras cosas.

Y es en ella cuando se empieza a plantear la posibilidad de una responsabilidad disciplinaria por parte de funcionarios del ANLA, que “tenían función de efectuar el control y seguimiento”.

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Así mismo, sobre las Empresas Públicas de Medellín, “los servidores de este establecimiento son sujetos de responsabilidad disciplinaria, debido a las múltiples afectaciones de carácter socio-ambiental (…) ocasionando con ellos serios e irreversibles impactos ambientales en tiempo ecológico (0 a 50 años) y con ello se demuestra que el plan de contingencia fue omitido o no funcionó”. 

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