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Lideresa de Tumaco murió en accidente de tránsito: Gobierno

Al término de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad aseguran además que se redujeron en un 2% las acciones violentas contra líderes sociales.

Maritza Ramírez Chaverra

Maritza Ramírez Chaverra (Cortesía)

Al término de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad el gobierno confirmó que la muerte de Silvia Maritza Ramírez, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Aguaclara, fue producto de un accidente de tránsito, pese a que la familia de la lideresa insiste en que fue un homicidio.

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, confirmó que el director de fiscalías, Luís González, “verificado por la Fiscalía se trató de un accidente automovilístico porque un animal se atravesó en el camino. Está perfectamente esclarecido que se trató de un accidente”.

Vea también: Piden investigar muerte de líder Tumaqueña

Por otra parte el alto comisionado para la Paz, aseguró que la Fiscalía certificó que durante el gobierno del presidente, Iván Duque se redujeron las acciones violentas contra los líderes sociales.

“Comparando los meses de agosto a diciembre de 2017 con el mismo periodo del 2018, hubo una reducción del 21 % en eventos contra líderes sociales”, explicó.

Durante el encuentro la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez socializó el Plan de Acción Oportuna para la protección de defensores de derechos humanos en el país, al igual que los avances en el trabajo de campo, con visitas a las regiones que se vienen realizando para su aplicación.

Confirmó que actualmente, “hay más de 4.000 esquemas individuales de protección a líderes sociales y por lo menos 35 espacios de protección colectiva, que se han adelantado desde el pasado 7 de agosto a la fecha”.

Pese a la expectativa, la reunión de la Comisión terminó sin acciones concretas o nuevas estrategias para mejorar la protección a los líderes sociales en el país.

El comisionado Ceballos afirmó que es una instancia de carácter consultivo, que tiene un componente con representación de la sociedad civil y plataformas de derechos humanos, lo que representa su importancia por el acompañamiento que realizarán a la implementación del Plan para la protección de quienes vienen siendo amenazados y asesinados.

De la reunión participaron además representantes de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas.

 

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