La “vergüenza” se repite este año: más líderes sociales asesinados

Con el asesinato de un líder social en Antioquia, ya son cuatro las víctimas en apenas cinco días de 2019.

En los primeros meses de 2018, la Defensoría del Pueblo alertó por un preocupante panorama en materia de protección de los líderes sociales del país, la historia se repite este año.

Con la muerte de un defensor de derechos humanos en Antioquia, se cuentan cuatro casos en apenas cinco días de 2019. El asunto preocupa, sobre todo al recordar los esfuerzos del Gobierno y las autoridades comprometidas en la protección de los líderes sociales y ex guerrilleros de Farc.

El decreto PAO

En noviembre, el presidente Iván Duque firmó un decreto que se conoció como elPlan de Acción Oportuna de Prevención y Protección (PAO),  cuyo objetivo era garantizar la vida de los defensores de causas sociales.

El decreto incluyó a entidades como la Policía, la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección, el Ejército y la Defensoría del Pueblo, para actuar más. Si bien se advirtieron de amenazas en 213 casos, la respuesta en algunas situaciones no fue tan afectiva, la Fiscalía terminó por investigar más de 10 hechos criminales luego de la firma de ese decreto.

Los responsables

Si bien el Gobierno es quien se comprometió con la protección de los líderes sociales, son las organizaciones criminales las responsables de los asesinatos.

En la identificación que hizo la Fiscalía se estableció que el Clan del Golfo y los llamadas Grupos Armados Organizados ocupan el primer puesto en asesinatos de líderes sociales.

También un informe de inteligencia de la Policía reveló que el ELN se metió en el listado de responsables de estos crimines incluso contra ex integrantes de las Farc.

Otro gran porcentaje de perpetradores está en las organizaciones dedicadas al narcotráfico y las llamadas disidencias de las Farc.

El balance de investigaciones

Al cierre de 2018, la Fiscalía reveló que adelantaban un centenar de investigaciones por al menos 196 asesinatos de defensores de derechos humanos.

Las principales víctimas son los líderes de juntas de acción comunal, campesinos, indígenas y afros. Pero por su actividad, los que luchan contra la restitución de tierras y los cultivos ilícitos, están entre los más afectados.

De ese total de investigaciones, la Fiscalía reportó un esclarecimiento de hasta un 45,9 por ciento. Fueron capturadas más de 90 personas, se lograron 17 sentencias condenatorias, tienen 60 en imputación de cargos y pendientes 13 órdenes de captura.

El panorama 2019

Todas las entidades se comprometieron antes de terminar el 2018 en implementar mecanismos de protección para proteger la vida de los líderes y de investigación para identificar y capturar a los responsables, el objetivo es el mismo este año.

“Todos los organismos de control entienden que esto es una prioridad nacional”, dijo el presidente Iván Duque al firmar el decreto que dio vida Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección.

El pronunciamiento del primer mandatario lo acompañó su ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

Sino a aquellos municipios que han sido priorizados como zonas que requieren una acciónpara generar unos protocolos de prevención colectiva y de prevención individual partiendo de las alertas tempranas”.

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