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SUDÁFRICA PRESIDENTE
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Presidente de Sudáfrica nombra comisión para investigar informe de corrupción

El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, anunció hoy el nombramiento de una comisión para investigar un informe presentado en 2016 en el que se acusaba al mandatario y a otros altos cargos de ilegalidades en la concesión de contratos públicos para beneficiar a empresarios afines.

En un mensaje televisado que tomó por sorpresa a la opinión pública, Zuma reconoció que el asunto "no puede esperar más", y acató el veredicto emitido por la Justicia a mediados de diciembre pasado por el que se obligaba al Ejecutivo a hacerse cargo de las acusaciones del informe.

Pese a que el presidente apeló la orden poco después bajo el argumento de que el Poder Judicial interfería con las labores del Ejecutivo, Zuma explicó que está "preocupado" porque el tema ha estado ya mucho tiempo en boca de los ciudadanos y "merece atención urgente".

"Solo he apelado las órdenes en la medida en la que sientan un precedente particular para la Presidencia de la República", puntualizó.

El gobernante admitió que las "acusaciones de que el Estado ha sido arrebatado de las manos de su real amo, el pueblo de Sudáfrica, es de primordial importancia y por tanto merece conclusión y certeza".

"Por consiguiente, he decidido que, mientras los asuntos dispuestos por la orden requieren la determinación de las altas cortes, este asunto no puede esperar más", expuso.

"Es una preocupación pública tan seria que cualquier retraso más hará que el pueblo dude de la determinación del Gobierno de desmantelar toda forma de corrupción y afianzará la percepción de que el Estado ha sido 'capturado' por intereses privados", agregó.

Desde la oposición, el principal partido, la Alianza Democrática, saludó la decisión pero matizó que el presidente no merece ningún crédito por este paso ya que "su mano ha sido forzada".

El informe en cuestión aborda lo que su autora, la entonces defensora del pueblo, Thuli Madonsela, denominó "la captura del Estado" por parte de los empresarios de la familia Gupta -de origen indio y sudafricanos de adopción-, quienes en los últimos años consiguieron lucrativos contratos públicos con el Estado en sectores como la minería, el transporte o la comunicación.

Mediante testimonios y diversas pruebas, Madonsela apuntó contra Zuma y otros altos cargos por delitos como favorecer ilegalmente a las empresas de los Gupta.

Estos incluían, por ejemplo, una declaración del exviceministro de Finanzas Mcebisi Jonas sobre cómo uno de los tres hermanos Gupta le ofreció, en presencia de Zuma, ser titular de la cartera de Finanzas poco antes del cese de su entonces responsable, Nhlanhla Nene.

La decisión de que se forme la comisión llega unas semanas después de que Zuma fuese sucedido por el vicepresidente Cyril Ramaphosa en la dirección del partido gobernante, el Congreso Nacional Africano (CNA).

En votación secreta, Ramaphosa, quien en campaña había prometido luchar contra la imagen de corrupción del Gobierno, resultó elegido frente a la candidata favorita de Zuma y su entorno, la expresidenta de la Unión Africana Nkosazana Dlamini-Zuma.

La orden para que se investigue "la captura del Estado" no ha sido el único revés judicial sufrido en los últimos tiempos por Zuma, quien abandonará el poder en 2019 tras cumplir su segundo y último mandato permitido por la Constitución.

Los tribunales le han reabierto 783 cargos de corrupción que le habían sido retirados en 2009, relacionadas con contratos públicos para la compra de armamento en 1999.

También por una orden judicial, el Parlamento -de mayoría gobernante- iniciará mañana los trámites para redactar un cuerpo de reglas que regulen la posible destitución del presidente del país.

Los jueces tomaron esta decisión al considerar que el organismo falló en su misión de que el presidente rindiera cuentas por haber pagado la ampliación de su residencia privada con dinero público, un escándalo destapado también por Mandosela que obligó a Zuma devolver 500.000 euros en 2016.

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