El Ministerio de Hacienda y distintas asociaciones de empresarios acordaron hoy trabajar en un nuevo proyecto de ley sobre la deducibilidad del Impuesto a la Renta Personal (IRP), tras el fracaso del Ejecutivo a la hora de aplicar este gravamen a los salarios más altos por falta de claridad.

"Acordamos trabajar en un nuevo proyecto de ley que clarifique la deducibilidad con relación al IRP de forma bien específica", explicó el presidente de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), Beltrán Macchi, tras la reunión.

Macchi, como portavoz de los distintos empresarios que se citaron con la ministra de Hacienda, Lea Giménez, también dijo que, por el momento, la aplicación del IRP a las rentas superiores a los 10 millones de guaraníes mensuales (algo más de 1.700 dólares) continuará "como se venía haciendo originalmente".

La propia ministra reconoció este lunes "la confusión en la liquidación del impuesto" generada por el decreto, lo que provocó el rechazo de los afectados por este gravamen, unos 4.000 contribuyentes, un 0,5 % de la población, y obligó al Ministerio a paralizar su aplicación.

En este sentido, Macchi insistió hoy ante los medios que las modificaciones que pretendía introducir el Fisco planteaban "un problema de inseguridad jurídica".

Ambas partes trabajarán en la elaboración de un proyecto de ley que "clarifique todo lo actuado hasta ahora y que clarifique a futuro las deducibilidades del IRP".

"No hay duda sobre las interpretaciones, no hay dudas sobre la retroactividad en la aplicación de la ley. El Ejecutivo, a través de la ministra, nos ha dejado bien claro que no se va a aplicar ninguna medida retroactiva de las que se venía escuchando", puntualizó el presidente de Feprinco.

Los empresarios abandonaron el Ministerio de Hacienda conformes con lo pactado con el Fisco y aseguraron que los dos sectores compartieron "el criterio de la seguridad jurídica y la no retroactividad".

El IRP fue aprobado en 2012 como un "impuesto al ahorro", más que a la renta, ya que los contribuyentes pueden deducir todos sus gastos de manutención, donaciones y aportes a seguros sociales o fondos de pensiones, además de tener exentos los rendimientos de sus inversiones bancarias.

Este impuesto directo contemplará la capacidad contributiva de unas 3.000 y 4.000 con ingresos mensuales superiores a los 1.700 dólares.