ARGENTINA D.HUMANOS (Previa)

Finaliza juicio por operativo que inició el terrorismo de Estado en Argentina

Un tribunal de Argentina dictará este viernes sentencia en un juicio a 17 exmiembros de fuerzas de seguridad por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en 1975 y 1976 en el marco del Operativo Independencia, considerado como el inicio del terrorismo de Estado en la antesala de la dictadura.

El proceso oral y público, que comenzó en mayo de 2016, llegará este viernes a su fin cuando el Tribunal Oral Federal de la norteña provincia argentina de Tucumán emita su veredicto tras la celebración de 88 audiencias y la toma de declaración a 455 testigos.

Según informaron fuentes judiciales, en este proceso están acusadas 17 personas, entre exmilitares y expolicías, por delitos de lesa humanidad -secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos- en perjuicio de 266 personas.

Entre los imputados está Roberto Albornoz, exjefe de la Zona capital de la Policía tucumana y luego jefe de Informaciones, acusado por su presunta responsabilidad, entre otros delitos, por privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados en 225 casos, homicidio de 132 personas y robo en nueve oportunidades.

El Ministerio Público Fiscal consideró probados 266 de los 271 casos que llegaron a este juicio realizado en Tucumán, epicentro de la operación que en febrero de 1975 empezó a desplegar el Ejército argentino, con la colaboración de otras fuerzas de seguridad.

Esa operación tenía el supuesto objetivo de exterminar al grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

El fiscal federal de Tucumán, Pablo Camuña, pidió en agosto pasado condenas de entre 3 años de prisión y de reclusión perpetua para los acusados, cuya participación en los casos incluidos en este juicio consideró acreditada.

En el inicio del proceso, la Fiscalía había planteado que el Operativo Independencia -que se desarrolló hasta el 24 de marzo de 1976, cuando los militares dieron el golpe al Gobierno de María Estela Martínez de Perón- constituyó "la primera experiencia de un terror estatal total en Argentina".

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, se trató de "la primera intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal y de control social a través del terror".

El despliegue militar se inició a partir de un decreto del Poder Ejecutivo por el que dispuso que el comando general del Ejército procediera a ejecutar las operaciones militares que fueran necesarias para "neutralizar" o "aniquilar" el accionar de "elementos subversivos" en Tucumán.

En el Operativo Independencia participaron varios grupos de tareas y, según la acusación, se instalaron al menos once bases militares en la provincia de Tucumán.

De la causa, se desprende además que hubo 41 lugares de detención clandestina en toda la provincia.

Durante la etapa de investigación de esta causa, la Fiscalía había pedido que la Justicia citara a María Estela Martínez de Perón, presidenta argentina entre el 1 de julio de 1974 y 24 de marzo de 1976 y actualmente residente en España, a prestar declaración indagatoria, pedido que fue rechazado en distintas instancias.

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