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CIDH cree que caso de Milagro Sala no cumple estándar de prisión domiciliaria

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, dijo hoy que si no se traslada a Milagro Sala, diputada kirchnerista del Parlamento del Mercosur, de la cárcel a su residencia no hay una prisión domiciliaria, sino "un cambio de centro de detención".

El presidente anunció que no se notificó oficialmente el fallo al órgano y declaró que "cambiar a una persona de un centro penal a otro lugar no es prisión domiciliaria sino un cambio de centro de detención", según informó la agencia estatal Télam.

"Los estándares de la prisión domiciliaria establecen que debe ser en el domicilio de la persona o en el que la persona designa como domicilio", declaró.

La diputada cumplirá prisión domiciliaria en su residencia situada a 25 kilómetros de San Salvador del Jujuy (norte) por orden del juez Pablo Pullen Llermanos, que procesó a la activista por supuesto encubrimiento de un asesinato ocurrido en 2007, quien confirmó la efectividad de la prisión domiciliaria el pasado viernes.

Entre las medidas impuestas por el juez está el monitoreo de Sala mediante un dispositivo electrónico que llevará en el tobillo, la custodia perimetral del inmueble por parte de la Policía argentina y las visitas restringidas.

El magistrado Gastón Mercau respondió al pedido de "medidas alternativas" propuesto por la CIDH con la decisión de que fuera el de El Carmen el inmueble para que Sala sea trasladada, mientras que las organizaciones que defienden a la diputada consideran que no cumple con las condiciones necesarias para su bienestar.

Sabrina Roth, integrante del Comité por la Libertad de Milagro Sala, reconoció el rechazo de la asociación al fallo por considerar que la dirigente social debería haber sido trasladada a su domicilio habitual en el barrio jujeño de Cuyaya, donde vivió con su marido hasta su detención, que se produjo en esa vivienda.

Además, aclaró que esa casa cumple los requisitos para una prisión domiciliaria, ya que el marido de Sala cumplió allí una pena de cuatro meses anteriormente.

"Cuando a los genocidas les imponen una prisión domiciliaria ellos eligen dónde la realizan, y han torturado, asesinado y desaparecido gente. Es desproporcionado", sostuvo Roth.

"La casa está a nombre de Milagro, pero ella nunca vivió allí", respondió Roth, quien agregó que la residencia estaba destinada a ser un centro de adicciones que "nunca se concretó".

La integrante del opositor Frente para la Victoria (peronismo kirchnerista) está en prisión preventiva por presuntos delitos de defraudación a la administración pública, extorsión y asociación ilícita, y su detención es muy cuestionada por agrupaciones políticas de la oposición y organismos sociales y humanitarios en Argentina, que la consideran una presa política.

La investigación contra Sala apunta al presunto manejo irregular de fondos entregados por el Estado, durante el kirchnerismo (2003-2015), a la Tupac Amaru para construir viviendas sociales, un movimiento entre cuyos objetivos se encuentra la edificación de casas para los más desfavorecidos en la zona norte de Argentina, considerada la más pobre del país.

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