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GUATEMALA DESALOJOS
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Desalojan en Guatemala a 500 personas por ocupar una "propiedad privada"

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala se desplegaron hoy para desalojar a unas 500 personas que desde hace medio año ocupaban una "propiedad privada".

Este desahucio, según el instituto armado, se da en un cumplimiento a una orden judicial del Juzgado de Paz del municipio de Tiquisate, en Escuintla, en el que se estipula que el grupo ocupaba una finca privada y otra propiedad del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

El asentamiento, conocido como El Prado, ocupaba la zona 5 de ese municipio, y en él se ubicaban unas 100 viviendas, alrededor de 500 personas, que vivían allí desde hace 6 meses.

En el desalojo participaron agentes, delegados de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos, fiscales del Ministerio Público y el Juez de Paz actuante.

"En todo momento se respeta los protocolos de derechos humanos y se agotaran todas las instancias para darle cumplimento a la orden del juzgado respectivo", dijo el instituto armado en un comunicado en el que no da más detalles de esta actuación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió la semana pasada al Gobierno de Guatemala que los desalojos que se habían practicado en algunas partes del país no respetaban los derechos humanos.

A esto respondió este lunes el portavoz de la Presidencia, Heinz Heimann, quien dijo que no darán marcha atrás porque se hace conforme a la ley: "Se cumple con la orden de un juez. No acatarlo es caer en la ilegalidad".

En su documento preliminar, la CIDH advertía de la "grave situación humanitaria" producto de los desalojos "forzosos" de comunidades, así como "la aplicación de los delitos de usurpación y su modalidad agravada" en el departamento de Petén.

"La Comisión fue informada de que los desalojos no suelen ser notificados previamente, son realizados de manera sumaria y violenta por miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), el Ejército y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas", denuncia el escrito.

En el mismo señala que se destruyen viviendas y que las personas no tienen alimentos, ni animales, ni posibilidad de reubicarse.

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