Destitución de fiscal venezolana es otra ruptura del estado de derecho: ONU

El organismo además denunció el "uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva" en las manifestaciones que se realizan en ese país.

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que la destitución de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, es una muestra más de la ruptura del estado de derecho en el país.

"La destitución de la fiscal general está en la línea de lo que hemos estado denunciando, que el estado de derecho en el país se ha roto y la fractura se está ahondando", afirmó en una rueda de prensa la portavoz de la Oficina, Ravina Shamdasani.

Entre tanto, manifestó que las fuerzas de seguridad venezolanas han "maltratado" y "torturado" de forma "generalizada y sistemática" a manifestantes y detenidos.

"Hemos recibido informes creíbles de trato cruel inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad a los detenidos, que podrían ser definidos en varios casos como tortura", explicó la portavoz.

Las conclusiones del equipo indican la existencia de un patrón de otras violaciones de derechos humanos, que abarcan allanamientos violentos de viviendas, torturas y malos tratos a las personas detenidas en relación con las protestas.

Según contaron los testigos, las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, así como los cuerpos de policía locales, "emplearon sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar a los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran".

Shamdasani recordó que hasta el 31 de julio, la Oficina de la Fiscal General había investigado 124 muertes en el contexto de las manifestaciones.

Según el análisis del equipo de investigadores, "las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados 'colectivos armados', serían responsables de otros 27 fallecimientos".

La Oficina de la Fiscal General investigaba también al menos 1.958 casos de heridos, aunque el número real de personas que han sufrido lesiones podrían ser mucho mayor.

La portavoz denunció que de la información compilada se desprende que los colectivos armados, montados en motocicletas, suelen atacar y acosar a los manifestantes.

"En determinados casos también les disparan con armas de fuego", puntualizó.

Asimismo, Shamdasani denunció que a pesar de no disponer de estadísticas oficiales sobre el número de detenciones, los cálculos más fidedignos indican que desde el 1 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, hasta el 31 de julio, más de 5.051 personas sufrieron detención arbitraria.

Más de 1.000 personas siguen detenidas en conexión con las manifestaciones.

Ante el caos reinante en el país, los claros indicios que la situación no va a mejorar a corto plazo y, ante la ausencia de una Fiscalía independiente y no partidaria, Shamdasani dijo que la Oficina está solicitando "de forma urgente" una investigación "independiente" sobre las vastas violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela.

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