VENEZUELA CRISIS
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Piden a CIDH medidas cautelares para proteger a jueces opositores venezolanos

El Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH) y Human Rights Foundation (HRF) pidieron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que adopte medidas cautelares contra el Gobierno de Venezuela para proteger a los 33 magistrados del Tribunal Supremo (TSJ) designados por la oposición.

En un comunicado emitido por la sede de la CLADH en la ciudad argentina de Mendoza (oeste del país), se informó de que la solicitud, de "carácter urgente", pretende "garantizar la vida, integridad física y libertad" de los funcionarios, nombrados el pasado 21 de julio por la Asamblea Nacional venezolana, de mayoría opositora.

Las fuerzas contrarias al chavismo justificaron la renovación del TSJ acusando a los anteriores titulares del tribunal de haber sido nombrados de manera irregular, y de estar al servicio del Gobierno.

En respuesta, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró dos días más tarde: "todos (los magistrados) van a ir presos y a todos les van a congelar los bienes, las cuentas y todo... Y nadie los va a defender".

Por ello, tanto la CLADH como la HRF -cuyas oficinas centrales se encuentran en Argentina y Estados Unidos, respectivamente- exigieron una "acción decidida" de la CIDH -dependiente de la Organización de Estados Americanos- frente al "discurso de hostilidad" y los "constantes ataques, amenazas y hechos de hostigamento" del Gobierno de Maduro.

La pugna por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano se inició días después de la aplastante victoria opositora en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, cuando el Parlamento chavista saliente invistió, antes de ceder el control a la nueva mayoría, a los 33 miembros que ejercieron hasta el momento.

Con las nuevas designaciones de la oposición, quedaron 66 jueces divididos en dos grupos que se disputan la titularidad de los sillones; y una situación de falta de legitimidad del máximo órgano de justicia de la nación, ya que ninguno de los dos bandos reconoce a los magistrados nombrados por el contrario.

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