Se trata del Decreto ley 831 por el cual se crea la visa de Residente Especial de Paz que permite a quienes sean extranjeros establecerse en el país de manera indefinida una vez se termine el proceso de dejación de armas de las Farc.

La sala plena de la Corte estudia la ponencia de la magistrada Cristina Pardo que señala que el decreto cumple con los requisitos de conexidad con el acuerdo de paz. Pero la posición de la Procuraduría es diferente. El concepto entregado por Fernando Carrillo critica el Decreto. Carrillo señala que es una medida de conveniencia adoptada por el Gobierno y que el tema de los visados no se trató en el Acuerdo Final.

"En el marco del Acuerdo Final no fue una necesidad esencial la de verificar y regular la permanencia de los extranjeros", dice uno de los partes del concepto y agrega "no se realiza un acápite donde se trata con especificad el tema de los extranjeros excombatientes pertenecientes a las Farc-EP".