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El SALVADOR D.HUMANOS
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Militares salvadoreños piden no reconocer abogados de víctimas caso El Mozote

La defensa de los militares procesados por el asesinato de unos 1.000 campesinos en 1982 en El Salvador, conocida como masacre de El Mozote, pidieron a la Justicia que no reconozca a los abogados nombrados por los familiares de las víctimas.

Wilfredo Medrano, abogado y miembro de la organización Tutela Legal "María Julia Hernández", dijo hoy a Efe que la defensa interpuso recientemente una "acción dilatoria" como parte de su estrategia para alargar el proceso, actualmente en fase de instrucción.

"La defensa está interponiendo recursos para paralizar este proceso penal y deslegitimar a los acusadores particulares, dicen que no tenemos la autorización legal de las víctimas", señaló Medrano, y explicó que el juez de la causa "rechazó" el recurso.

Detalló que la decisión fue apelada en la Cámara de Segunda Instancia de la zona occidental del país y que espera que en el plazo de más de un mes se "ratificará" o "revocará" lo establecido por el juez de Instrucción.

Medrano indicó que si dicha cámara resuelve a favor de los militares, "tendremos más acciones judiciales" como la de acudir a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El abogado informó que el proceso se encuentra paralizado por el recurso y que temporalmente se ha suspendido la presentación de los testimonios de los familiares de las víctimas, de los que solo han hablado ante el juez cuatro de doce, mientras que todos los militares se han negado a declarar.

A finales de marzo pasado, 18 militares implicados en esta masacre fueron citados por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, cercano al lugar donde fue perpetrada la masacre, para ser notificados del proceso penal en su contra.

Entre estos se encuentra parte de la cúpula militar que dirigió el Ejército salvadoreño durante los primeros años de la guerra civil (1980-1992) y mandos intermedios de la unidad que perpetró la matanza.

Uno de los acusados es el exministro de Defensa José Guillermo García, deportado en enero de 2016 por Estados Unidos, donde fue juzgado en 2012 por crímenes de guerra en el conflicto bélico salvadoreño en un juicio civil en el que se le condenó a indemnizar a las víctimas con 54 millones de dólares.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades del Batallón de elite Atlacatl torturaron y ejecutaron "deliberada y sistemáticamente" a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros aledaños.

Durante los 12 años de guerra, en la que se enfrentaron la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora en el poder como partido político, y el Ejército de este país, financiado por Estados Unidos, murieron unas 75.000 personas y desaparecieron otras 8.000, según cifras oficiales.

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