Polémica en comunidades indígenas por fallo que frena liquidación de EPS Manexka

Unos 30 integrantes de las etnias Embera y Zenú protestan frente a Supersalud en Bogotá, para exigir que se acate la orden del Tribunal de Córdoba de no liquidar la EPS indígena.

Polémica en comunidades indígenas por fallo que frena liquidación. /

Frente a la sede de la Superintendencia de Salud, un poco más de 30 miembros de las comunidades indígenas Zenú y Embera le exigen, desde hace ocho días, a la entidad respetar fallo de Tribunal de Córdoba que frena la liquidación de la EPS Manexka y que, además, exige devolverle los 210.000 afiliados que tenía antes de que empezara ese proceso.

Según manifiestan, el Superintendente Norman Julio Muñoz ha desacatado las órdenes de los jueces. Y aseguran también que la EPS sí tiene red de servicios para brindar atención a los usuarios y, por ende, deben regresarles los afiliados.

"Estamos reclamando un derecho que nos corresponde, como es la salud, por la arbitrariedad que cometió la Superintendencia de Salud de cerrar la empresa Manexka sin cumplir el requisito de la Consulta Previa”, dijo Rosenbert Sanclemente, representante de la etnia Zenú.

Insistió en que el interés es que se acate el fallo: "No venimos a pedir limosna al Gobierno, ni a Norman Julio Muñoz, venimos a exigirle que acate un fallo judicial expedido por los jueces de la república y por el Tribunal de Córdoba".

Sin embargo, en Córdoba y Sucre hay otros miembros de estas comunidades que han dicho abiertamente que están en contra de lo que plantean quienes protestan frente a la Superintendencia de Salud, pues están “siendo manipulados por el Pedro Pestana”, fundador de la EPS que está condenado por vínculos con paramilitares.

En medio de esta situación están los usuarios. Cabe recordar que estos 210.000 afiliados ya habían sido distribuidos desde el pasado 1 de abril a otras EPS, como Comfamiliar Sucre, Cajacopi, Nueva EPS, Coosalud y Mutual Ser.

Según ha dicho el superintendente Norman Julio Muñoz, regresarlos a Manexka los pone en riesgo, sobre todo a 106 pacientes que están hospitalizados, la mayoría en cuidados intensivos. Si ellos vuelven a esa EPS nadie les podrá garantizar los servicios, pues, según la Supersalud, esa entidad no tiene convenios con clínicas y hospitales.

La EPS indígena se decidió liquidar cuando la Superintendencia de Salud comprobó, después de una auditoría forense, que se habían defraudado recursos de la salud. 

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