Las Comunidades de Paz de San José de Apartadó, con representación del colectivo de abogados, piden a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) investigar a los ejecutivos de la empresa multinacional Chiquita Brands por supuestos vínculos con Paramilitares del Bloque Norte, Bloque Elmer Ca´rdenas y Bloque Bananero, desde noviembre de 2002 hasta, al menos, febrero de 2004,
Usarán un fallo del Tribunal Federal Estadounidense que en el 2007 declaró culpable a la corporación de entregar millones de dólares a los Paramilitares de la regional para, supuestamente, prestar servicio de seguridad, pero según el Colectivo de Abogados lo que realmente sucedía eran asesinatos e intimidaciones a los trabajadores banastos campesinos.
Dichas premisas se sustentarían con documentos financieros de la firma que dejarían al descubierto que la multinacional "Chiquita confeso´ que los pagos efectuados a las AUC desde 1997 hasta 2004 alcanzaban un total de 1,7 millones de dólares (...) En Turbó y, al menos al principio, en Santa Marta, los pagos fueron inicialmente canalizados a través de grupos privados de seguridad conocidos como las Convivir; posteriormente, los pagos, también se realizaron directamente a las AUC", aún después de que asesores jurídicos externos y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informaron que dichos pagos eran ilegales bajo el derecho estadounidense, éstos continuaron.
"Son altos ejecutivos antiguos o actuales, oficiales de alto rango, empleados y miembros de la junta directiva de Chiquita y de su filial colombiana al 100% Banadex. “Ellos tenían conocimiento de las actividades criminales de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar formado en 1997 y que reunía diferentes bloques Paramilitares", dice uno de los partes del resumen de la petición.
