En la vereda Colinas, de San José del Guaviare, el ministro para Posconflicto, Rafael Pardo, junto con el director de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Eduardo Diaz, firmarán un nuevo acuerdo con 500 familias cocaleras que se suman al programa, permitiendo erradicar 400 hectáreas en esta zona del país. 

Con estos acuerdos los campesinos inician formalmente el proceso de arrancar matas de coca, y se comprometerán con la no resiembra. 

El Gobierno por su parte, entregará incentivos económicos a las familias para reemplazar los cultivos ilícitos por lícitos, entre ellos económicos y especialistas agrónomos. 

El ministro Pardo explicó que de trata de entregar, "un apoyo a cada familia de un millón de pesos mensual por el primer año para nuevos cultivos; de $19 millones para formar un proyecto productivo en dos años, entre el primero y el segundo año”. 

Además, “un apoyo alimentario de $1,8 millones por una sola vez”, así como se brindará asesoría técnica focalizada. 

Estas 500 nuevas familias se suman a las de La Uribe, Meta, y otras 500 en Tibú en Norte de Santander. 

La meta de este programa es la de sustituir alrededor de 50.000 hectáreas de sembradíos ilegales durante el primer año de su implementación, en más de 40 municipios de los departamentos más afectados por el conflicto.

A la fecha el programa inició a nivel nacional con 83.790 familias que ya manifestaron su intención de hacer parte del programa, para erradicar más de 67.000 hectáreas de 13 departamentos de Colombia. La meta es vincular a 100.000 familias en todo el país.