Gobierno advierte que políticos y líderes se estarían “autoatentando” para mantener escoltas

Se adelantan investigaciones como al caso de un diputado que hizo que sus escoltas disparan al vehículo. Una defensora de DD.HH. habría hecho lo mismo.

Director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora /

El Gobierno Nacional demandó ante la Fiscalía y se adelantan investigaciones sobre varios casos de políticos y líderes sociales, entre otros protegidos, que estarían realizando “autoatentadospara mantener los esquemas de seguridad asignados, según conoció Caracol Radio.

El más reciente caso, en el que las investigaciones dieron resultados, es el de Pablo Andrés Álvarez Vega, un exdiputado del Caquetá que, el año pasado, denunció un atentado que ,según la Fiscalía, se trató de un acto premeditado que se ejecutó con sus propios escoltas.

El director de la Unidad, Diego Mora, dijo en Caracol Radio que el exdiputado, “manifestó y denunció en su momento que había sido objeto de un atentado en marzo de 2016”.

“De acuerdo a las investigaciones del CTI y de la Policía Nacional, se pudo establecer que este presunto atentado había sido cometido por los mismos escoltas, quienes habían disparado contra el vehículo de protección asignado al exdiputado”, explicó.

Fuentes consultadas confirmaron que se demostró que el vehículo estaba vacío al momento en que se dieron los disparos y que, incluso, se habrían utilizado las mismas armas de dotación.

Al exdiputado y a dos escoltas se les formuló imputación de cargos, por los delitos de fraude procesal en concurso con el delito de falsa denuncia, en un proceso donde la UNP se constituyó formalmente como víctima.

Otro caso que se investiga, se registró con la líder defensora de derechos humanos, Martha Elena Díaz Ospina, quien fue detenida, por fraude procesal, fraude de subvenciones y falsa denuncia, luego de hechos similares a los del exdiputado.

Según se investiga, luego de que se ordenara el retiro de su esquema de seguridad, presuntamente, se ocasionó un auto atentado, y habría pagado para que le propinaran disparos a su vehículo asignado, con lo que logró que se abriera un proceso penal por una tentativa de homicidio y que no se le retiraran los escoltas, así como se ordenó una reevaluación del nivel de riesgo.

Incluso, testigos confirman que amenazas que denunció desde el 2009, como un sobre que aparentaba una bomba, correos electrónicos amenazantes, motocicletas y camionetas sospechosas, eran falsas y no correspondían a la realidad.

Estos son solo algunos de los casos que se investigan. Actualmente, en la Unidad Nacional de Protección, de la mano de la Fiscalía, siguen las investigaciones descubrir a los protegidos que vienen atentando en su contra para que no se les retiren los escoltas y vehículos asignados.

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