'Ningún juez puede apartarse de conocer procesos de falsos positivos'

HRW criticó la decisión del juzgado 9 de garantías que se declaró impedido en la imputación de cargos por falsos positivos de Soacha.

La Jurisdicción Especial de Paz -JEP- apenas se aprobó por el Congreso pero ya ha generado bastantes interrogantes a los operadores de justicia. Por un lado los jueces de ejecución de penas reclamaron una hoja de ruta para aplicar la ley 1820 de 2016 (ley de amnistía), y por el otro, algunos abogados ya están pidiendo impedimentos y nulidades en procesos como los que involucran a los militares en ejecuciones extrajudiciales conocidas como los 'falsos positivos'.

El 28 de marzo, el juzgado 9 de garantías de Bogotá, Luis Gonzalo Sanabria Monrroy, se declaró impedido para adelantar la imputación de cargos a 12 militares investigados por los falsos positivos de Soacha, aludiendo que no era competente debido a que "los hechos ocurrieron en el marco del conflicto armado y esos actos deberán ser juzgados en la JEP".

Sin embargo el fiscal Nestor Humberto Martinez, aclaró que en el Acuerdo Especial de Paz se establece que "la justicia ordinaria debe seguir operando" lo que significa que "la Fiscalía no puede suspender sus procesos de investigación y tampoco puede suspender los procesos de acusación y los penales".

De hecho el pasado 3 de abril, la juez primera especializada de Cundinamarca, condenó a más de 40 años a 21 militares por un caso de falsos positivos de Soacha. Cabe resaltar que en ese proceso fue condenado el coronel Gabriel de Jesús Amado Rincón, quien no fue procesado en un segundo caso por la decisión del juez 9 de garantías.

Al respecto la juez especializada señaló que "no es viable para la administración de justicia detener, bajo ninguna circunstancia, un proceso penal" por lo que calificó de improcedente decretar falta de competencia de los jueces ordinarios en los casos de falsos positivos.

Por su parte el secretario ejecutivo de la Justicia Especial para La Paz, Néstor Raúl Correa, señaló que de todas maneras, los militares implicados en casos de falsos positivos "si pueden acogerse a la JEP" pues existe una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que "dice que los falsos positivos guardan relación con el conflicto armado interno".

Por su parte Human Rights Watch y otras 32 ONG criticaron la decisión del juzgado 9 de garantías de suspender el proceso penal por los falsos positivos de Soacha, "la decisión del Juzgado 9° Penal de Garantías de Bogotá parece ser inconsistente con la legislación colombiana y con disposiciones del propio Acuerdo de Paz con las FARC, aprobado el 24 de noviembre de 2016. De conformidad con el acuerdo, la JEP tendrá competencia para juzgar abusos cometidos por agentes del estado si estos están relacionados con el conflicto armado", dice el comunicado.

Y añade "resulta insólito que el juzgado haya pretendido trasladar la competencia a una jurisdicción que no se encuentra en funcionamiento, lo cual en la práctica supone una suspensión por un plazo indeterminado del proceso penal en contra de los presuntos responsables de estos atroces crímenes, señalaron las organizaciones de derechos humanos".

El proceso que se suspendió, fue por la muerte de dos jóvenes y un menor de edad en el 2008 que fueron identificados como Daniel Alexander Martínez (21 años), Diego Armando Marín Giraldo (21 años) y Jaime Estiben Valencia Sanabria (16 años), dice el expediente de la Fiscalía que fueron llevados a través de engaños desde Soacha hasta las zonas rurales del municipio de Ocaña, a más de 600 kilómetros, donde fueron asesinadas por miembros del Ejército y reportadas como bajas en combate.

Organismos internacionales reportan que "entre 2002 y 2008, brigadas del Ejército en todo el país asesinaron a miles de civiles para reportarlos como bajas en combate".

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