Tribunal Supremo sentencia que diputados no tienen inmunidad porque están “en desacato”

El TSJ se pronuncia frente a la actuación de opositores de la Asamblea Nacional, que han solicitado que se active la Carta Democrática en Venezuela.

TSJ de Venezuela /

La Sala Constitucional sentenció que la inmunidad parlamentaria sólo ampara, conforme a lo previsto en el artículo 200 de la Carta Marga, los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional) y, en ningún caso, frente a ilícitos constitucionales y penales flagrantes.

De esta forma, el TSJ se pronuncia frente a la actuación de los diputados opositores de la Asamblea Nacional, que han obrado para solicitar que se active la Carta Democrática en Venezuela.

En la misma sentencia, la Sala declaró la nulidad por inconstitucionalidad del acto aprobado por la Asamblea Nacional, el 21 de marzo de 2017, denominado: "Acuerdo sobre la Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA".

La decisión ordena al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ejerza las acciones que estime pertinentes para salvaguardar el orden constitucional, así como también, tomar las medidas que considere necesarias para evitar un estado de conmoción y, en el marco del Estado de Excepción vigente;  ante el desacato y omisión de la Asamblea Nacional, igualmente, se ordena revisar diversas leyes que permitan conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática y aseguren la gobernabilidad del país.

La Sala Constitucional del TSJ, como máxima intérprete de la Carta Magna, también ordena al primer mandatario Nacional que evalúe el comportamiento de las organizaciones internacionales a las cuales pertenece la República, que pudieran estar desplegando actuaciones similares a las que ha venido ejerciendo el actual secretario ejecutivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), en detrimento de los principios democrático y de igualdad a lo interno de las mismas, sin que por ello se deje de reconocer la digna acción de los Estados que han defendido de manera gallarda los principios del derecho internacional y que, por tanto, han apoyado la posición de la República Bolivariana de Venezuela.

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