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GUATEMALA CORRUPCIÓN
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Fiscalía de Guatemala presenta acusación por el caso "Cooptación del Estado"

La Fiscalía de Guatemala entregó hoy el escrito de acusación formal contra 46 personas que supuestamente participaron en el caso de corrupción "Cooptación del Estado", entre ellas el expresidente Otto Pérez Molina.

La documentación, que contiene información bancaria y financiera, además de 580 medios de pruebas material, entre otros, fue entregada este martes al Juzgado B de Mayor Riesgo, encargado de la causa.

En total son más de 42.000 medios de investigación, de los que 1.400 son pruebas documentales, según explicó el titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval.

En el caso de "Cooptación del Estado" están procesadas más de cincuenta personas, entre funcionarios, particulares y empresarios, que supuestamente saquearon millones de dólares al Estado de Guatemala entre 2012 y 2015, durante el Gobierno de Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015).

Además de los exmandatarios, entre ellos figuran los exministros de Gobernación (Interior), Mauricio López Bonilla; de Cultura, Dwight Pezzarossi; y de Defensa, Ulises Anzueto y Manuel López.

En la supuesta red, principalmente Pérez Molina y Baldetti, se habría beneficiado de al menos 500 millones de quetzales (65,9 millones de dólares) de comisiones que pagaban empresarios y financistas del Partido Patriota (PP), que llevó a ambos al poder, por al menos 450 contratos del Estado.

Pérez Molina y Baldetti están acusados, por este caso, de lavado de dinero y cohecho pasivo, y entre las pruebas de la Fiscalía también hay 95 testigos, además del testimonio del exsecretario privado de la exvicepresidenta y colaborador del Ministerio Público en varios casos Juan Carlos Monzón.

Las investigaciones del caso "Cooptación del Estado" iniciaron tras unos allanamientos realizados en abril de 2015 en el marco de otra trama, "La Línea", una red de defraudación aduanera que supuestamente lideraba la expareja Presidencial y que llevó a ambos a dimitir de sus cargos y a estar en prisión preventiva desde ese año.

El juzgado debe ahora marcar una fecha para iniciar la audiencia de etapa intermedia, en la que deberá decidir si los implicados deben o no ir a juicio.

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