GUATEMALA JUSTICIA
GUATEMALA JUSTICIA

Rechazan decisión que revoca arraigo a diputado de Guatemala por masacres

Varias organizaciones civiles expresaron hoy su rechazo contra la decisión de una jueza de revocar el arraigo o prohibición de salida del país al diputado oficialista Edgar Ovalle, acusado de participar en matanzas durante el conflicto armado interno (1960-1996) de Guatemala.

En un comunicado, las entidades aseguraron que la resolución de la titular del Juzgado A de Mayor Riesgo, Claudette Domínguez, de levantar el arraigo que ella misma había dictado el 5 de diciembre pasado es "contradictoria" y "carece de fundamento" por responsabilizar a la Fiscalía de que el trámite de antejuicio no avance.

Ovalle es un coronel retirado del Ejército que estuvo asignado en la década de 1980 en la Zona Militar 21, en Cobán, en el departamento norteño de Alta Verapaz, donde se cometieron las desapariciones que se enjuician en el bautizado como caso Creompaz.

La Fiscalía había ratificado su petición de antejuicio (levantar la inmunidad) contra Ovalle el pasado septiembre, pero la jueza, que debe establecer si hay indicios para retirarle la inmunidad, aún no se ha pronunciado sobre este caso.

Las organizaciones civiles aseguran que el trámite de antejuicio es responsabilidad "exclusiva" de la Corte Suprema de Justicia, en donde el Ministerio Público (MP-Fiscalía) "no tiene ninguna injerencia".

"Consideramos que la resolución de la jueza es arbitraria, ya que la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público ha sido respetuosa de la independencia judicial", dijeron las entidades, quienes agregaron que responsabilizarán a la jueza de las consecuencias que su decisión pueda conllevar, como una eventual fuga.

Las organizaciones que firman el comunicado son la Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), la Comunidad de Plan de Sánchez, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces Maya Achi- ADIVIMA, la Asociación de Vecinos de finca Chicoyoguito y la Coordinadora de Víctimas de Alta Verapaz - CODEVI.

La propia Fiscalía anunció el jueves, después de que la jueza emitiera su resolución, que presentará un amparo.

En el mismo caso por el que está implicado Ovalle, diputado en el Congreso, hay otros ocho militares retirados que ya fueron enviados a juicio oral y público el pasado 7 de junio por el Juzgado A de Mayor Riesgo por los delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad.

El caso es conocido como "Creompaz", ya que en la antigua zona militar 21 -donde fueron encontradas varias víctimas- funciona ahora el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz).

Este lugar, según las denuncias, "fue utilizado como centro clandestino de detenciones ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y violaciones" durante el conflicto armado.

La defensa de Ovalle está compuesta por los abogados Mario Guerra Liu y Anabella Alvarado Batres, esta última condenada en 2016 a cinco años de prisión conmutables por haber formado parte de una estructura de estafadores conocida como "Los Topacios".

Su papel en esta trama, según la investigación, era autorizar escrituras públicas de compra-venta con al firma falsa de los propietarios de los inmuebles.

Cargando

Escucha la radio en vivo

Elige una ciudad

Caracol Radio

Caracol Radio

Programación

Último boletín

Ciudades

Elige una ciudad

Caracol Radio

Compartir