ARGENTINA JUSTICIA

Gobierno argentino se reúne con comité que pide liberar a diputada Parlasur

El secretario de Derechos Humanos del Gobierno argentino, Claudio Avruj, recibió hoy a una delegación del Comité por la Libertad de Milagro Sala, diputada del Parlamento del Mercosur detenida desde el pasado enero, que volvió a exigir el cumplimiento de una resolución de la ONU que pide su liberación.

"Fue una reunión formal. Nosotros veníamos a escuchar por parte del Gobierno Nacional cuándo iban a poner en práctica la resolución de la ONU que manda a poner en inmediata libertad a Milagro Sala y eso no lo escuchamos, repitieron un libreto que ya conocíamos", expreso el integrante del Comité, Eduardo Tavani.

En ese sentido, según una nota de prensa divulgada por parte de ese organismo, Tavani reiteró que "tienen que poner en libertad" a Milagro Sala, diputada por el kirchnerista Frente para la Victoria, e investigar "por qué fueron violados sus derechos humanos, reparar y asegurar la no repetición de estos gravísimos hechos".

El pasado 16 de enero, la Justicia de la provincia norteña de Jujuy detuvo preventivamente a la diputada por instigación, tumulto, y sedición, entre otros cargos, durante una protesta social organizada por Tupac Amaru en esa región.

Trece días después, un juez provincial ordenó su excarcelación, pero, en contra de esa decisión, Sala permaneció detenida preventivamente por una causa abierta el día anterior en la que se le imputaron delitos de defraudación a la administración pública, extorsión y asociación ilícita.

En octubre, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas -que funciona dentro del Consejo de Derechos Humanos- pidió al Estado argentino que libere de inmediato a Sala, al considerar que fue apresada de forma "arbitraria", y solicitó una reparación económica adecuada para la diputada en compensación por los perjuicios ocasionados.

Es así que el pasado jueves, el Ejecutivo envió una invitación a ese grupo para que visite el país y brindarle información sobre el terreno acerca del encarcelamiento de la diputada.

"Queremos brindar toda la información que se nos requiera, abrir todas las puertas, ser absolutamente transparentes, para que todos puedan acceder a una visión completa del caso", explicó ayer la Secretaría de Derechos Humanos en un comunicado.

A su vez, el Gobierno asegura que la petición de la ONU no es vinculante y que es la Justicia, como poder del Estado independiente, la que tiene que pronunciarse sobre el futuro de la activista.

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