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Rousseff mantiene los derechos políticos

En la votación, 42 senadores se inclinaron por inhabilitar a Rousseff, 36 votaron a favor de mantenerle los derechos y 3 se abstuvieron.

El Senado de Brasil decidió hoy mantener los derechos políticos a Dilma Rousseff, minutos después de haberla destituido de la jefatura del Estado en el marco de un juicio político.

 

En la votación, 42 senadores se inclinaron por inhabilitar a Rousseff, 36 votaron a favor de mantenerle los derechos y 3 se abstuvieron, por lo que no se alcanzó los dos tercios (54 votos) de la Cámara alta necesarios para aprobar este tipo de mociones.

En la votación que Rousseff perdió el cargo, 61 senadores votaron a favor de la salida de la presidenta y 20 se manifestaron en contra.

Hace meses, poco antes de ser suspendida de sus funciones, Rousseff dijo que sería "una carta fuera de la baraja" política en el caso de que fuera despojada de su cargo.

Si hubiera perdido los derechos políticos, no podría ocupar ningún cargo público durante ocho años, lo que incluye tanto puestos electivos como cualquier trabajo en empresas públicas.

Antes de la votación, el presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandowski, advirtió que si Rousseff fuera inhabilitada, no podría ni siquiera ser profesora o trabajar "en un merendero en una escuela pública".

La votación de la destitución y de la inhabilitación de Rousseff se realizó por separado a petición de última hora del Partido de los Trabajadores (PT), formación de la ahora exmandataria, que fue aceptada por el presidente de la Corte Suprema, que presidió el juicio político como garante constitucional.

La decisión del presidente del Supremo causó una polémica entre los senadores.

Entre ellos, el expresidente Fernando Collor de Mello se quejó de que se le haya dispensado un trato diferente a Rousseff del que él recibió en 1992, cuando renunció a la jefatura del Estado horas antes de ser destituido en un juicio político similar.

El Senado halló culpable a Rousseff de haber incumplido la ley de responsabilidad fiscal, por haber emitido tres decretos que alteraron los presupuestos sin autorización del Congreso y porque el Gobierno tomó créditos de la banca pública, lo que está prohibido por ley.

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