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COLOMBIA ESCUCHAS
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Piden protección a CIDH para funcionarios condenados por escuchas en Colombia

El abogado Víctor Mosquera pidió hoy medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presuntas coacciones de la Fiscalía a tres exfuncionarios condenados por el escándalo de escuchas ilegales del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia.

Mosquera, que lleva decenas de casos del entorno político del expresidente colombiano Álvaro Uribe, aseguró hoy en declaraciones a los periodistas en Washington que a estos funcionarios "les presionaron indebidamente y los coaccionaron" para que se declararan culpables hace ocho años.

Este escándalo, conocido como el de las "chuzadas", se produjo durante el Gobierno de Uribe (2002-2010) en el DAS, la antigua agencia de inteligencia colombiana.

Los exfuncionarios Martha Leal, Jorge Lagos y Fernando Tabares aseguran haber sido objeto de presiones de la Fiscalía General tanto para declararse culpables hace ocho años como después de haber recuperado su libertad a finales de 2015.

"A finales de ese año se les acerca la Fiscalía y dice que no han cumplido con los delitos que cometieron y que deben firmar un principio de oportunidad para que se conviertan en testigos de nuevos procesos", sostuvo Mosquera.

"Esta presión es indebida, porque ya cumplieron, ya pagaron ocho años de cárcel y el hecho de que quieran volverlos a llevar es porque los necesitan como testigos de otros procesos", agregó.

En un comunicado emitido después de su visita a la CIDH, el abogado explica que los tres exfuncionarios, "durante sus procesos judiciales y posterior a sus condenas fueron víctimas de violaciones flagrantes y protuberantes a las garantías judiciales, non bis in ídem (no enjuiciar dos veces por el mismo delito), presunción de inocencia, honra y dignidad, recursos legales efectivos en relación con las obligaciones de respeto y garantía".

Los exfuncionarios piden medidas cautelares, de protección, a la CIDH "por cuento lo narrado y probado en las denuncias revelan asuntos que pueden poner en peligro su vida, integridad personal y libertad", añade la nota,

La defensa ha entregado a la CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), casi 4.000 folios de pruebas sobre este caso, que no tiene un plazo determinado de resolución en la Comisión, entidad que acusa un gran retraso procesal debido a una crónica crisis financiera.

La firma de Mosquera está ya en más de 70 casos presentados ante la CIDH y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por presunta "persecución política" del entorno de Uribe.

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