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MÉXICO VIOLENCIA
MÉXICO VIOLENCIA

ONG dice que en sur de México se da un "cóctel explosivo" por la violencia

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan de México afirmó hoy que en el sureño estado de Guerrero se da un "cóctel explosivo" por la corrupción y la violencia, y alertó sobre la posibilidad de que se produzcan nuevos conflictos por los derechos de la tierra.

Guerrero, marcado por tragedias como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, encabeza el listado de regiones más violentas del país, con 1.052 homicidios dolosos durante el primer semestre de 2016, recuerda un nuevo informe del centro, llamado "Pueblo indignado. Resistir con el corazón por delante".

Esta cifra deja una media de seis asesinatos diarios en el estado, afirma en entrevista con Efe el director del centro, Abel Barrera, haciendo referencia a datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

"Las graves violaciones de derechos humanos que se suceden en nuestro estado no son investigados, estamos ante una impunidad continua", asegura el director, quien menciona sucesos como el reciente asesinato a tiros del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto, o la ola de violencia que asfixia a puntos turísticos del país como Acapulco o Zihuatanejo.

Las instituciones "son demasiado débiles y porosas para el crimen organizado", por lo que los pueblos están configurando grupos de autodefensa para protegerse frente a los delincuentes.

No obstante, "los mismos grupos de la delincuencia están aprovechando este tipo de figuras, que son legítimas y válidas por parte de los pueblos indígenas, para crear grupos que ellos denominan de policía comunitaria pero que están manipulados por la delincuencia", advierte el activista.

Barrera alerta sobre los riesgos que puede entrañar la creación en el estado de una Zona Económica Especial, un concepto ideado bajo el mandato del actual presidente, Enrique Peña Nieto, para detonar la producción de ciertas áreas del país con potencial para atraer inversiones.

En el caso de Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo planteó la creación de una de estas zonas en Puerto Balsas, en un área limítrofe con el estado de Michoacán.

Con las concesiones de tierra que esto implicaría, se prevé "un conflicto mayor entre la disputa que se tiene en el modelo de desarrollo económico impulsado desde la inversión de capital trasnacional y el modelo de desarrollo comunitario pensado más en los pueblos", asevera Barrera.

El informe del centro también recuerda la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de la que se cumplirán dos años el próximo 26 de septiembre y en la que estuvieron involucrados policías corruptos y miembros del crimen organizado.

"El futuro del caso Ayotzinapa, como dicen los papás y las mamás, está fincado en la asistencia internacional", comenta Barrera, en relación a la puesta en marcha de un nuevo mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En dicho mecanismo se encuentra la "esperanza" de que se pueda avanzar en el caso, sostiene el director del centro, quien pide que el nuevo equipo que llegue al país pueda acceder a "toda la información" que requiera sobre la investigación.

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