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EL SALVADOR AMNISTÍA
EL SALVADOR AMNISTÍA

Constitucional salvadoreño espera cautela en análisis de nulidad de amnistía

La Sala de lo Constitucional del Supremo salvadoreño espera que las partes que estuvieron involucradas en la guerra civil (1980-1992) analicen con "cautela" los efectos de la reciente anulación de la Ley de Amnistía, aseguró hoy el magistrado Sidney Blanco.

"Se espera, desde la Sala, que haya cautela en los análisis de la sentencia, en los efectos", porque "creemos que el país debe avanzar y superar este trauma y esta impunidad de delitos graves de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado por ambas partes", dijo Blanco en rueda de prensa.

El pasado 13 de julio, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró "inconstitucional" la Ley General de Amnistía vigente desde 1993 que impedía reabrir, investigar o procesar crímenes de guerra ocurridos durante la guerra civil.

Según un comunicado de la Corte Suprema, la decisión se basó en el alegato de que esa amnistía "es contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales y al derecho a la reparación integral de las víctimas".

El magistrado aseguró que para emitir la sentencia los magistrados tuvieron "presentes a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos".

No obstante, añadió, "también hemos insistido en que las personas que potencialmente pudieran ser enjuiciadas tienen derechos constitucionales al debido proceso".

La declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General supone que se puedan retomar o abrir procesos judiciales en los 32 casos de crímenes de guerra plasmados en el Informe de la Comisión de la Verdad de 1993 de las Naciones Unidas.

El documento recoge casos como el de la masacre de seis padres jesuitas y dos de sus colaboradoras (1989) y de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y el asesinato de Óscar Romero (1980), ahora beato de la Iglesia católica.

Otros son los de las ejecuciones de la médica española Begoña García (1990), 4 periodistas holandeses (1982) y 4 religiosas de la orden Maryknoll (1980).

Algunos sectores del país centroamericano aseguran que la inconstitucionalidad "arrastra" al país al pasado y que "reabre viejas heridas", mientras que para otros, principalmente organizaciones de víctimas, es el inicio real de la "reconciliación".

La guerra civil que enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se saldó con unos 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

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