GUATEMALA JUSTICIA
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Supremo de Guatemala revoca liberación de exjefes de seguridad de Portillo

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió hoy revocar la sentencia de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal que anuló la condena de 63 meses de cárcel a dos exjefes de seguridad del expresidente Alfonso Portillo (2000-2004), por una millonaria malversación de fondos públicos.

El Ministerio Público (MP-Fiscalía) presentó un recurso de amparo contra esta decisión que dejaba sin efecto la sentencia y que ordenaba un nuevo juicio contra los militares retirados Napoleón Rojas y Jacobo Salán, confirmaron a Efe fuentes judiciales.

Ambos fueron condenados en 2014 por el traslado, en el año 2001, de 3,8 millones de dólares sustraídos en efectivo del Ministerio de Defensa Nacional hacia el estatal banco de Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

Esos recursos formaban parte de 15,4 millones de dólares malversados de la cartera de Defensa durante el Gobierno de Portillo, quien cumplió una condena de cinco años y 10 meses de prisión por lavado de dinero en Estados Unidos, hasta que quedó en libertad en febrero de 2015.

El exfuncionario de ese Gobierno José Armando Llort Quiteño inculpó durante el juicio a ambos exjefes de seguridad.

De acuerdo con el testimonio de Llort Quiteño, brindado a través de una videoconferencia desde Nueva York, Salán y Rojas transportaron los 3,8 millones de dólares.

Llort Quiteño, de nacionalidad salvadoreña, conoció a Portillo a inicios de 1999 y, tras financiar su campaña electoral, el gobernante lo designó como presidente del banco CHN.

El exfuncionario, bajo la protección de la justicia estadounidense como informante en un caso de narcotráfico, facilitó desde su puesto en el CHN operaciones financieras para lavar millones de dólares que procedían del Estado.

Llort Quiteño manifestó que fue el mismo Portillo quien le envió los 3,8 millones de dólares en marzo de 2001 y que los implicados tardaron en llegar al banco a dejar el dinero porque lo contaron en la casa del exmandatario.

Con esta resolución, los dos militares acusados deberían volver a prisión.

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