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Pueblos originarios celebran consejo para llevar quejas a Gobierno argentino

El Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, convocado por la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, arrancó hoy en Buenos Aires con el objetivo de dar voz a los principales reclamos de estas comunidades en la región para luego elaborar proyectos que los resuelvan.

Desde hoy y hasta mañana, más de 250 integrantes de diversas comunidades indígenas de todo el país debaten en este encuentro sobre los problemas y desafíos que afrontan los pueblos en la actualidad y que van desde el principio de autodeterminación hasta la lucha contra la expulsión de los pueblos de sus tierras.

En la apertura del encuentro estuvo el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien garantizó que resolver los problemas de los pueblos indígenas es una "prioridad desde el primer día de Gobierno" y criticó las "décadas de abandono" por parte del Estado que han sufrido estas comunidades.

Por su parte, el referente de la comunidad originaria Qom, Félix Díaz, aseguró en declaraciones a Efe que el propósito de este evento es que todos los integrantes de las comunidades precolombinas "participen y propongan" para que el Estado reciba esas propuestas y actúe en consecuencia.

"Opinar, aportar, criticar... es la idea", dijo Díaz, quien se mostró confiado en que la actual legislación que regula los derechos de los pueblos originarios va a cambiar a mejor y pidió que "no se politice" el derecho indígena, tal y como ha ocurrido en los últimos años, señaló.

Según Díaz, hasta ahora, los diferentes colores políticos intentaron comprar punteros políticos dentro de los pueblos que se beneficiaban de "recursos, movilidad o dinero" a cambio de apoyo partidista, algo que tiene que cambiar, porque añadió, los pueblos indígenas tienen que luchar por su autonomía y su liderazgo.

Uno de los principales reclamos, indicó el representante, tiene que ver con los fallos en la actual ley de emergencia territorial, que, aseguró, no está funcionando correctamente y solo contempla un relevamiento para definir las tierras pobladas por estas comunidades que ni siquiera tiene valor jurídico.

La ley de emergencia, sancionada por el Congreso argentino en 2006, contemplaba la suspensión de todas las sentencias y actos procesales o administrativos que impusieran el desalojo o la desocupación de territorios poblados por indígenas, pero, según denuncian las comunidades, las expulsiones siguen ocurriendo.

Así lo confirmó el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Raúl Ruidíaz, quien admitió que queda mucho trabajo pendiente a la hora de evitar que la población "criolla" eche a los pueblos originarios de sus tierras.

Reafirmó además el compromiso por parte de la institución que dirige de continuar con los estudios para terminar de definir el territorio que pertenece a los pueblos precolombinos y señaló que, hasta ahora, el Estado reconoce 33 pueblos indígenas que se dividen en 1.300 comunidades.

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