PARAGUAY JUSTICIA
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Mujeres se encadenan para pedir absolución de acusados en masacre en Paraguay

Cinco mujeres se encadenaron hoy frente al Palacio de Justicia de Asunción para pedir la absolución de los once campesinos procesados por la masacre de Curuguaty, que en 2012 causó la muerte de 17 personas y la destitución del entonces presidente Fernando Lugo.

La protesta coincidió con el final del juicio, tras casi un año de duración y a la espera de que el lunes se conozca la sentencia del proceso.

Tres de las mujeres encadenadas son familiares de los campesinos procesados en el juicio: Carmen Paredes, madre de Arnaldo Quintana; Angelina Paniagua, madre de Alcides Ramírez; y Élida Benítez, madre de Néstor y Adalberto Castro, y de Adolfo Castro, fallecido en la masacre.

Las otras dos mujeres son activistas que han acompañado el proceso judicial a los campesinos, iniciado hace casi un año: la historiadora Margarita Durán, y Guillermina Kanonnikoff, víctima de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

"Se está dilatando excesivamente un proceso por una injusticia que ya costó 17 vidas, y que no queremos que cueste ninguna más. Hasta que tengamos la absolución, no vamos a salir de aquí", declaró Kanonnikoff a Efe.

Las activistas y los abogados defensores piden la absolución de los once campesinos, acusados por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso, y para quienes la Fiscalía solicita penas de entre 5 y 30 años de prisión.

La acusación refiere a los hechos ocurridos el 15 de junio de 2012, cuando varios centenares de policías acudieron a desalojar a cerca de 70 campesinos de las tierras que ocupaban en el distrito de Curuguaty (este) para pedir que se integrasen a la reforma agraria.

Durante el desalojo murieron once campesinos y seis policías, pero la Fiscalía no investigó la muerte de los once labriegos.

El juicio contra los campesinos acusados concluyó hoy en Asunción después de que los abogados defensores terminasen de exponer sus alegatos, y el tribunal anunció que el próximo lunes dará a conocer la sentencia del caso, que definió como "histórico".

Miembros de organizaciones en apoyo a los campesinos acusados prevén acampar durante toda esta semana frente al Palacio de Justicia junto a las activistas encadenadas, como medida de presión para pedir la absolución.

"Este juicio parte de una farsa creada para echar a un presidente de la República (Fernando Lugo). Los grandes latifundistas, los poseedores de las tierras productivas más importantes del país, son los responsables morales de masacre", declaró la senadora Esperanza Martínez, que era ministra de Salud cuando se produjo la masacre.

Martínez opinó que el juicio busca criminalizar la lucha de los campesinos por la tierra en Paraguay, uno de los países con mayor concentración en la tenencia de tierras de todo el mundo.

Por su parte, el escritor Ticio Escobar, extitular de la Secretaría Nacional de Cultura, tildó de "monstruosidad jurídica" el hecho de que "personas inocentes corran el grave riesgo de ser condenadas", mientras que "quienes idearon estos asesinatos siguen impunes".

El sacerdote español Francisco Oliva agregó que "quienes deberían estar sentados en el banquillo de los acusados son los que usaron a la Fiscalía y a la policía para defender los intereses de un latifundista".

Recordó que instancias internacionales como la ONU ya han cuestionado a Paraguay por las investigaciones sobre el caso Curuguaty, y que colectivos de paraguayos en ciudades como Buenos Aires, Madrid y capitales estadounidenses se han sumado al pedido por la absolución de los procesados.

"En mitad de la incertidumbre, la pena y el dolor de los familiares, estamos contentos porque va a venir la absolución. Esperamos que haya justicia", concluyó Oliva.

La matanza de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar la destitución del entonces presidente Fernando Lugo en un juicio político tildado de irregular por instituciones como Mercosur y Unasur.

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