ARGENTINA JUSTICIA
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Titular de Madres de Plaza de Mayo no declarará en causa por fraude al Estado

Hebe de Bonafini, titular de la asociación de derechos humanos argentina Madres de Plaza de Mayo, anunció hoy en Buenos Aires que no acudirá a declarar en una causa por presunto fraude al Estado por la que fue citada ayer junto a otras 42 personas.

"No voy a ir (a declarar) porque no creo en la Justicia, no creo en estos jueces y tampoco creo en algunos abogados. No me van a convencer, ni me voy a poner abogado, porque no cometí ningún delito", expresó en la tradicional ronda que realiza la agrupación todos los jueves en Plaza de Mayo, frente a la sede del Gobierno Nacional.

De Bonafini fue citada a declaración indagatoria por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, en el marco de la causa conocida como "Sueños Compartidos", que indaga una supuesto fraude al Estado a través de un programa con ese nombre, dedicado a la construcción de viviendas sociales, y administrado por la Fundación de las Madres de la Plaza de Mayo.

El magistrado también citó a otras 42 personas, varias de ellas figuras políticas y altos funcionarios de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Cristina Fernández (2007-2015).

Entre ellos, se encuentran el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exjefe del Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich y el ex secretario de Obras Públicas José López, detenido este martes cuando fue sorprendido intentando ingresar millonarias sumas de dinero a un convento.

"Esto (por el llamado a declaración) hace siete años que lo tendrían que haber hecho. No tienen vergüenza", añadió De Bonafini.

Según la resolución judicial, "las notas apuntadas permiten reconstruir una hipótesis delictiva, según la cual Sergio Mauricio y Pablo Guillermo Schoklender -también citados-, valiéndose del prestigio y trayectoria de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, habrían utilizado a la Fundación", de la cual eran apoderados.

"En connivencia (con) funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación para la construcción de viviendas sociales", añade el documento.

Parte de esos fondos "habrían detraído luego de su destino específico", con el consecuente perjuicio económico a las arcas del Estado y para ello se contó, según la investigación, con la colaboración de terceras personas y empresas utilizadas para dar "apariencia lícita a las sumas dinerarias ilegítimamente percibidas".

El caso estalló en 2011 y suscitó duras críticas de la oposición hacia el Gobierno de entonces, encabezado por Fernández, por la supuesta falta de controles en el otorgamiento de fondos públicos de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo.

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