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ONU: Expertos de CIDH demostraron que la justicia está lejos en caso Iguala

Un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas aseguró hoy que el reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México en 2014 demuestra que aún "falta mucho" para desvelar la verdad y garantizar la justicia.

En un comunicado, los especialistas de la ONU dijeron que los resultados presentados por el GIEI el pasado domingo identifican "graves fallas en las investigaciones oficiales desarrolladas" por el Gobierno mexicano en el caso Ayotzinapa.

Los expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que acabarán su trabajo el próximo 30 de abril tras la negativa del Ejecutivo de renovar su mandato, revelaron las "preocupantes debilidades del Estado" para indagar las violaciones a los derechos humanos, así como el "sofisticado nivel de coordinación de algunas autoridades en la comisión de crímenes".

En la presentación de su segundo y último informe sobre el caso, el GIEI acusó al Gobierno de no seguir líneas de investigación clave, manipular evidencia, proteger a oficiales sospechosos de participación en las desapariciones y de torturar a presuntos sospechosos para obtener confesiones.

Para la ONU, es "lamentable" que el GIEI no haya tenido la "plena colaboración" del Gobierno y haya sido objeto de campañas de descrédito en su investigación de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes desaparecieron en el municipio de Iguala.

"Deploramos las campañas de desprestigio contra el legítimo y muy valioso trabajo de varias organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos que han apoyado a las familias de los estudiantes y a otras víctimas", afirmaron los expertos en derechos humanos, entre ellos los relatores sobre la tortura, Juan Méndez, y las ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns.

Estas acciones de descrédito, sostuvieron, no solo ponen en riesgo a los activistas, a las víctimas y a sus familias, sino que lesionan al conjunto de la sociedad "en su derecho a conocer la verdad y evitar la repetición de hechos que la han conmovido tan profundamente".

Asimismo, los expertos resaltaron la "importancia de la asistencia técnica y el escrutinio internacional, especialmente en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos que experimenta México".

Por ello, apoyaron la decisión de la CIDH de establecer un mecanismo especial de seguimiento para el caso Iguala después de que el GIEI abandone el país.

Concluyeron que el Estado debe "indagar y sancionar a todos los responsables de las acciones y omisiones referidas por el GIEI", incluyendo los indicios de tortura y otros abusos documentados en el informe.

Según la versión de la fiscalía, los 43 jóvenes o una buena parte de ellos fueron asesinados e incinerados en un basurero del vecino municipio de Cocula, lo que ha sido rechazado por los familiares, el GIEI y forenses argentinos en virtud de que no hay evidencias científicas de ello.

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