ARGENTINA DEUDA (Previsión)

Oficialismo en Argentina busca sacar adelante ley para pago a acreedores

El oficialismo en Argentina buscaba hoy en la Cámara de Diputados un aval clave a un proyecto de ley que le permitirá al Gobierno de Mauricio Macri cancelar deudas con fondos litigantes en tribunales de Nueva York y otros acreedores que reclaman por bonos soberanos en cese de pagos desde 2001.

La iniciativa, impulsada por el oficialismo con el apoyo de parte de la oposición, era debatida desde el mediodía de este martes, pero se prevé que la discusión se extenderá hasta muy entrada la madrugada del miércoles debido a la gran cantidad de diputados inscritos para expresar su posición en un asunto fundamental para el futuro económico del país.

"Creo que las cosas van a evolucionar bien en el Congreso, que se va a aprobar", dijo hoy el presidente argentino, Mauricio Macri, ante el primer test para el oficialismo en el Parlamento, donde no tiene mayoría propia y necesita sellar alianzas con sectores de oposición para sacar adelante sus proyectos.

El oficialismo contaría para este debate con los votos positivos del Frente Renovador, del bloque Justicialista y otras bancadas opositoras pequeñas, mientras la izquierda adelantó su negativa al proyecto al igual que los diputados del núcleo duro del kirchnerismo.

"Si no resolvemos el tema del conflicto mal encarado, mal resuelto, mal ocultado, vamos a seguir en el fondo de la tabla, entre aquellos que no son confiables, no son creíbles, no pertenecen al mundo activamente y se les impide crecer", advirtió hoy Macri en declaraciones radiales.

La iniciativa posibilitará al Gobierno pagar a aquellos acreedores que poseen títulos argentinos en mora desde finales de 2001 y que no entraron a las reestructuraciones de 2005 y 2010.

Estos incluyen a poderosos fondos de inversión que litigan contra Argentina en tribunales de Nueva York desde hace una década, y que cuentan con una sentencia de pago a su favor firmada por el juez Thomas Griesa, y a otros acreedores, como inversores individuales italianos, que no están alcanzados por ese proceso judicial.

En el proyecto se prevé además otorgar un permiso al Ejecutivo para que emita deuda por hasta 12.000 millones de dólares en los mercados internacionales, con plazos de vencimiento de hasta 15 años, a los fines de aplicar los recursos que se obtengan al pago a los acreedores.

"Estamos ante una alternativa de hierro: no queremos el ajuste fiscal o el ajuste inflacionario que propone el kirchnerismo, queremos ir por una tercera vía que es el crecimiento", sostuvo hoy el diputado oficialista Luciano Laspina, al abrir el debate.

Para el oficialismo, es fundamental que Argentina cierre definitivamente el litigio con los acreedores y poder así regresar a los mercados para conseguir fondos frescos que le permitan reactivar la economía. De lo contrario, advierten, el Ejecutivo se verá obligado a un ajuste.

"Estamos violando el orden público, pagando en forma inequitativa, flagrantemente", aseveró el diputado kirchnerista Axel Kicillof, ministro de Economía del Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), quien advirtió del riesgo de que quienes aceptaron los canjes de 2005 y 2010 acudan a la Justicia a reclamar que se les pague en iguales condiciones a las que se les pagará a los fondos litigantes.

Por su parte, Diego Bossio, exkirchnerista ahora líder del bloque Justicialista, justificó su apoyo al acuerdo al señalar que Argentina tiene que dar "un paso adelante" y resolver el conflicto.

En tanto, a las puertas del Parlamento integrantes de agrupaciones kirchneristas y de izquierda se manifestaban en contra de la aprobación del proyecto.

De aprobarse la iniciativa en la Cámara baja, el proyecto será girado para su tratamiento al Senado.

El objetivo del Gobierno es contar con la ley aprobada antes de abril, con la idea de salir a los mercados y cancelar la deuda con los acreedores antes del 14 de ese mes.

Mientras el proyecto sigue su curso en el Congreso, la Justicia ha irrumpido hoy en escena, con la decisión de dos fiscales de investigar tanto las negociaciones con los acreedores como el trámite parlamentario de la iniciativa.

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