AFGANISTÁN CORÁN

El presidente afgano pide reabrir caso de mujer linchada por quemar el Corán

El presidente de Afganistán, Ashraf Gani, ha pedido que se reabra el proceso por el linchamiento de una mujer acusada de quemar el Corán, después de que el Tribunal Supremo haya confirmado sentencias que reducen penas a varios culpables, pese a la conmoción que causó el caso dentro y fuera del país asiático.

"Ya ha instruido al nuevo fiscal general que su máxima prioridad sea que se haga justicia y se reabra el caso", dijo hoy a Efe el portavoz del presidente, Sayed Zafar Hashemi.

Gani ha designado a uno de los consejeros de su equipo legal para seguir el asunto y dar apoyo a los abogados de la familia de la joven linchada, indicó el portavoz.

Aunque la Constitución afgana no permite al presidente interferir en cuestiones judiciales, el dirigente del país asiático reclama que "las autoridades, para el cumplimiento de la ley, aseguren que se proporciona justicia", afirmó Hashemi.

El Supremo, en una decisión que no es recurrible, ha confirmado las sentencias de entre 10 y 20 años de prisión a trece condenados, dictadas por un tribunal de apelación que revocó la pena de muerte para cuatro de ellos a la que fueron condenados en primera instancia.

La organización de defensa de derechos humanos Human Rights Watch aseguró en un comunicado que esta decisión refleja que el sistema judicial afgano "ha fallado en investigar adecuadamente" el caso y en "castigar adecuadamente a sus responsables".

Una turba asesinó a golpes junto a un santuario en la capital afgana en marzo del año pasado a una mujer de 27 años llamada Farkhoda, quemó su cadáver y lo tiró al río Kabul.

En un principio se acusó a la joven de quemar una copia del Corán, pero investigaciones posteriores concluyeron que había sido víctima de unos videntes que incitaron a la gente porque la mujer había denunciado que engañaban a los creyentes.

El linchamiento provocó numerosas protestas ciudadanas y fue condenado entre otros por la ONU y organizaciones de derechos humanos, mientras que el Gobierno afgano constituyó una comisión de investigación y prohibió los grupos "oscurantistas" en todo el país.

El Supremo afgano tiene pendiente pronunciarse sobre otros culpables, cuyo número no ha trascendido, condenados en tribunales de primera instancia y de apelación a 16 años de cárcel.

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