CHILE D.HUMANOS

Cierran indagación por 15 víctimas de Hornos de Lonquén en dictadura chilena

Las autoridades chilenas decretaron hoy el cierre de la investigación del caso conocido como "Hornos de Lonquén", tras la identificación de la última persona, Manuel Navarro Salinas, una de las 15 víctimas que desaparecieron enterradas en ese lugar durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La información la entregó a los periodistas el director del Servicio Médico Legal (SML), Patricio Bustos, quien explicó que la identificación de las víctimas se logró gracias al apoyo de laboratorios extranjeros y calificó como un hito el término de esta causa.

"Lo que nosotros entregamos es una identidad y una causa de muerte. Como es de conocimiento público, lamentablemente en este caso ni siquiera hubo ajusticiamiento a través de proyectiles, fueron asesinados a golpes", añadió Bustos.

Comentó que "no tenemos certeza de las condiciones en las que fueron botados dentro de los hornos, pero el hecho de que fuera un horno de cal tenía como sentido intentar ocultar los crímenes que estaban cometiéndose".

Las 15 víctimas del régimen militar fueron lugareños detenidos por carabineros el 7 de octubre de 1973 en Isla de Maipo y ejecutados posteriormente por agentes del Estado y enterrados ilegalmente en los hornos de Lonquén, un pequeño poblado situado a 14 kilómetros de la localidad de Talagante, vecina a Santiago.

Entre ellos estaban un campesino y sus cuatro hijos, trabajadores agrícolas y hasta un adolescente detenido por fumar marihuana en una plaza.

La Justicia chilena procesó a un exoficial y siete excarabineros de la Tenencia de Carabineros de Isla de Maipo por el homicidio de estas 15 personas, cuyos restos aparecieron en estos hornos de cal, después de la denuncia de un campesino a la Iglesia católica.

El vicario Cristian Precht Bañados fue el encargado de coordinar una comisión que finalmente verificó los asesinatos de estas 15 personas.

Durante la dictadura (1973-1990), unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas, según cifras oficiales.

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