PANAMÁ CORRUPCIÓN (Ampliación)
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Fiscal solicita a Supremo de Panamá detención de Martinelli por caso escuchas

El magistrado fiscal Harry Díaz solicitó hoy al pleno del Supremo de Panamá que autorice la detención preventiva del expresidente Ricardo Martinelli, declarado "en rebeldía" este viernes porque no asistió a una audiencia por un caso de escuchas ilegales.

Una fuente judicial confirmó a Efe que Díaz, quien acusa a Martinelli de delitos que suman 21 años de prisión, entregó un escrito con la petición ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el único ente que puede procesar al expresidente por ser actualmente diputado del Parlamento Centroamericano.

Ahora le toca al pleno del máximo tribunal, compuesto por nueve magistrados, decidir si autoriza o rechaza la detención provisional del exmandatario para que comparezca por haber ordenado supuestamente la interceptación de las comunicaciones a más de 150 personas, entre periodistas, opositores y empresarios, explicó a Efe la misma fuente.

Martinelli, que gobernó Panamá entre 2009-2014, salió del país en enero pasado y se encuentra en Estados Unidos, desde donde denuncia constantemente ser un "perseguido político" del actual gobernante panameño, Juan Carlos Varela.

El ex jefe de Estado tenía que presentarse este viernes en una audiencia de control por el caso de las escuchas, pero no lo hizo, y el magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejías, lo declararlo "en rebeldía" y suspendió el proceso penal hasta tanto Martinelli comparezca.

El magistrado Díaz había adelantado esta mañana, en declaraciones a la televisión local tras la audiencia, que en su escrito también solicitaría a los magistrados que aclaren a cuál institución corresponde ejecutar la orden de arresto, en caso de que se autorice.

El magistrado fiscal aclaró que la ley panameña no establece un plazo perentorio para que el pleno del Supremo de reúna a fin de decidir sobre la detención del expresidente.

Díaz solicita para el exgobernante, que tiene otras cinco causas pendientes en la Corte, un total de 21 años de cárcel por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y el delito contra la administración pública.

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