OLIMPISMO MÉXICO
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Gobierno y Comité Olímpico ponen fin al conflicto que puso en alerta al COI

La Comisión del Deporte (Conade) y el Comité Olímpico de México (COM) firmaron hoy un acuerdo que termina con el conflicto por una presunta injerencia gubernamental en las federaciones por la falta de comprobación de manejo del dinero público y que puso en alerta al Comité Olímpico Internacional (COI).

El acuerdo establece el respeto de la Conade a la autonomía de las federaciones deportivas y deja en claro que aquellas que soliciten recursos financieros deberán comprobar el destino que den a los mismos.

El director de la Conade, Alfredo Castillo, explicó que el acuerdo con el COM deja en claro "las responsabilidades de ambas instancias para el deporte".

A la Conade se le reconoce como "máxima instancia" del deporte nacional. Al COM como máxima autoridad del deporte olímpico federado en el país, expresó Castillo.

La Conade expresó su respeto por el "principio de autonomía" del movimiento olímpico y aseguró que evitará "cualquier actividad" que pueda ser considerado como una intervención gubernamental en estas organizaciones.

El acuerdo señala que las Federaciones podrán determinar su estructura de gobierno y ejercer el derecho de hacer elecciones libres de influencia externa.

Además, la Conade "no está obligada" a financiar a las federaciones y asociaciones, que deberán procurar su autosuficiencia y en caso de no poder cubrirlos, puede pedir recursos federales para cubrir sus compromisos internacionales.

El acuerdo puntualiza que "si las federaciones no comprueban los recursos recibidos perderán el derecho a recibir más fondos además de afrontar las consecuencias legales por la falta".

El conflicto entre el COM y el movimiento olímpico de México fue llevado como una presunta interferencia del gobierno en la vida de las federaciones al COI, que envió una carta al Gobierno de México en la que pidió resolverlo.

La Conade denunció que en los últimos años algunas federaciones deportivas no habían comprobado al menos unos 36.000 millones de pesos (2.117 millones de dólares) y que en algunos casos habían recurrido a falsas comprobaciones.

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