MÉXICO VIOLENCIA (Previsión)

Expertos de CIDH comienzan segunda parte de mandato en México por Ayotzinapa

El grupo de expertos encomendados por la CIDH para estudiar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa presentó hoy una lista de peticiones que aún no han sido respondidas por el Gobierno mexicano al iniciar su segunda etapa de trabajo en el país.

En una conferencia de prensa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó un documento con algunas actuaciones que considera relevantes en esta etapa y las pruebas e informaciones solicitadas en los primeros seis meses que aún no han sido proporcionadas por el Ejecutivo.

El mandato inicial del GIEI, que expiró el 31 de octubre pasado, fue ampliado hasta abril de 2016 después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno sellaran una segunda etapa de trabajo sobre la base de diez compromisos, entre ellos el cambio de la oficina que lleva la investigación del caso.

Los expertos contaron que el expediente fue transferido el jueves a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de PGR, por lo que un nuevo equipo participará en la investigación debido a "los déficits y las omisiones" que se han registrado hasta ahora.

En la rueda de prensa, la colombiana Ángela Buitrago leyó las peticiones del grupo, entre ellas que se investigue un quinto autobús tomado por los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando fueron atacados a tiros por policías en la ciudad de Iguala.

El grupo cree que en esa unidad había droga oculta para ser trasladada a Estados Unidos, por lo que pidió a las autoridades investigar esa hipótesis como posible móvil de los ataques contra los alumnos de la escuela para maestros de Ayotzinapa y su posterior desaparición.

Buitrago exigió que se evalúen los datos existentes de telefonía tanto de los estudiantes como de los inculpados y las líneas de búsqueda que puedan surgir de dichas acciones.

Asimismo, que haya una toma de declaraciones de otros miembros de fuerzas de seguridad de la zona y una la evaluación de las denuncias de los detenidos sobre malos tratos y torturas, siguiendo los estándares internacionales.

Los expertos destacaron la necesidad de que se realice una investigación sistemática sobre los otros desaparecidos en la zona, que permita una evaluación conjunta de los casos y el modo de actuar de los responsables.

"Estas líneas de investigación pueden proporcionar elementos clave para la búsqueda", apuntó Buitrago, quien aseguró que desde la primera visita del GIEI, a inicios de marzo de 2015, y durante toda su estancia en el país, han hecho solicitudes de información y coadyuvado para el avance de la investigación.

En este sentido se manifestó el español Carlos Beristáin, quien señaló que el equipo no solo ha presentado un informe valorativo hacia atrás, sino que desde el primer día ha "hecho avanzar la investigación" con propuestas y acciones concretas a realizar.

Respondió así a las declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, quien dijo recientemente que si los expertos sostienen que los cuerpos de los jóvenes no fueron incinerados en el basurero de Cocula, entonces "que nos digan dónde y cómo" ocurrieron los hechos.

"Queremos que también nos den las líneas que vamos a investigar y (...) que nos lleven hacia estas conclusiones para podérselas dar todos juntos a los familiares y a todo México", señaló entonces Osorio, quien agregó que ya "no es solamente decir si estuvo bien o no el proceso", sino que contribuyan a "encontrar esa verdad".

La noche del 26 de septiembre de 2014, decenas de estudiantes de Ayotzinapa que se desplazaban en varios autobuses fueron atacados por policías en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, presuntamente por órdenes del entonces alcalde, José Luis Abarca.

En los ataques murieron seis personas, entre ellos tres alumnos, y 43 estudiantes fueron detenidos por policías y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron y quemaron en el basurero del municipio vecino de Cocula.

En un informe presentado en septiembre pasado tras seis meses de trabajo en el caso, el GIEI concluyó que no había pruebas científicas que confirmaran que los cuerpos de los jóvenes fueron incinerados en ese lugar, como aseguró la fiscalía, pidieron continuar la búsqueda de los alumnos y abrir nuevas líneas de investigación.

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