PERÚ HEREDIA

La primera dama de Perú seguirá siendo investigada por lavado de activos

El Tribunal Constitucional de Perú (TC) resolvió hoy que la primera dama del país, Nadine Heredia, deberá seguir siendo investigada por la presunta comisión del delito de lavado de activos, tal como lo solicitó la fiscalía.

La decisión del TC se tomó con 6 votos a favor y dejó sin efecto un fallo de la Sexta Sala Penal para Reos Libres del Poder Judicial que admitió un hábeas corpus a favor de Heredia y otras personas de su entorno para evitar que continúe la investigación de la fiscalía por considerar que ese tema es "cosa juzgada".

La nueva sentencia, publicada en el portal institucional del TC, regresa a la fiscalía la investigación en contra de la presidenta del gobernante Partido Nacionalista, al acoger un Recurso de Agravio Constitucional presentado por la procuraduría del Ministerio Público.

Determina, además, que se debe notificar al órgano de control interno del Ministerio Público para que investigue la "conducta funcional" de los fiscales que tuvieron a su cargo una investigación similar realizada en 2009 "y determine si existió o no omisión de funciones en el desarrollo de dicha investigación."

La Fiscalía ha investigado a Heredia en los últimos meses por una denuncia de presunto caso lavado de activos por los aportes que recibió el Partido Nacionalista durante las campañas electorales del 2006 y 2011.

En la investigación están incluidos el empresario Martín Belaunde Lossio, actualmente en prisión, y otras personas, entre ellos el hermano de la primera dama, Ilan Heredia.

La fiscalía también ha ordenado un peritaje grafotécnico a cuatro agendas que se atribuyen a Heredia y que la oposición política considera que contienen información contable sobre los aportes que recibió el nacionalismo.

Heredia niega que esas agendas le pertenezcan e indica que ya ha sido investigada por presunto lavado de activos en el período 2005-2009 por lo que considera que el tema debe ser archivado.

La decisión del TC coincidió con la destitución de la abogada Julia Príncipe como procuradora de Lavado de Activos en medio de un enfrentamiento con el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, quien también renunció hoy al cargo para evitar ser destituido por el Congreso, dominado por la oposición política.

Adrianzén había sido acusado de impedir que los procuradores del Estado declaren a los periodistas sobre el caso Heredia, lo que llevó a una polémica pública con la procuradora Príncipe.

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