BRASIL CRISIS

Archivan tres peticiones de juicio político contra la presidenta brasileña

La presidencia de la Cámara de Diputados de Brasil archivó hoy tres de trece peticiones que recibió para abrir un juicio político con fines de destitución contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, por falta de pruebas o por no haber cumplido los requisitos legales, informaron fuentes oficiales.

Las tres solicitudes se suman a cuatro que ya habían sido archivadas la semana pasada por el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, quien aún tiene que analizar otros diez pedidos, incluyendo uno presentado por un grupo de reputados juristas.

El presidente de la Cámara, a quien constitucionalmente cabe la responsabilidad de aceptar o no una petición de juicio contra el jefe de Estado, alegó que las solicitudes archivadas carecían de documentos que las sustentasen o incumplieron exigencias legales, según la decisión publicada hoy en el Diario Oficial.

El presidente de los Diputados agregó que, incluso después de solicitarle informaciones y documentos adicionales a los autores de las propuestas, tuvo que archivarlas porque no cumplían todas las condiciones exigidas por la ley.

Rousseff, cuya popularidad cayó a menos del 10 % tras haber sido reelegida en octubre pasado con el 51 % de los votos, enfrenta una grave crisis política por divergencias con partidos que apoyan su Gobierno y por el escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras, que ha salpicado a una veintena de grandes empresas y medio centenar de políticos, en su mayoría oficialistas.

La mandataria también tiene que hacer frente a una grave crisis económica, con Brasil hundido en una recesión, la inflación en su mayor tasa desde 2003 y las tasas de intereses en sus mayores niveles en varios años.

Para enfrentar las dificultades, la gobernante anunció un severo ajuste fiscal, que prevé aumento de impuestos, recorte de gastos y eliminación de algunos derechos sociales, que aumentó aún más su distanciamiento con el Congreso y su impopularidad.

En medio de la crisis algunos sectores de la oposición presionan para que el Congreso le abra a la jefe de Estado un proceso con fines de destitución.

Como justificativa alegan desde la supuesta responsabilidad de Rousseff en las corruptelas de Petrobras y las acusaciones de que su campaña electoral fue financiada con recursos desviados de la petrolera hasta las denuncias investigadas por el Tribunal de Cuentas según las cuales el Gobierno maquilló las cuentas públicas el año pasado para mostrar un déficit menor al realmente registrado.

Entre las peticiones de juicio político contra la mandataria archivadas hoy figura una presentada por el abogado Marcelo Lino, quien alegaba que, en su condición de presidenta del Consejo Administrativo de Petrobras cuando ejercía como ministra de Minas y Energía del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Rousseff tiene responsabilidad en los desvíos de la estatal.

Otra solicitud archivada por falta de pruebas, del abogado Geraldo Gomes, acusaba a la jefe de Estado de crímenes contra la ley del presupuesto del país y de haber liderado una campaña electoral "mentirosa" para ser reelegida en 2014.

Entre las peticiones de juicio político que Cunha aún debe analizar figura una presentada por el jurista Helio Bicudo, uno de los fundadores del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), la formación a la que pertenecen tanto Rousseff como Lula.

En caso de que el presidente de la Cámara acepte una de las solicitudes, la misma también tiene que ser aprobada por mayoría simple en la Cámara baja, lo que exige el voto de 257 de los 513 diputados, antes de la creación de una comisión especial que analizará las acusaciones y emitirá un parecer.

Dicho parecer recomendando la destitución o no de la jefe de Estado tiene que ser aprobado por al menos dos tercera partes de los diputados (342 de los 513).

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