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Crisis en la frontera

Gobierno exige a Venezuela respeto por la integridad de los colombianos

Hay cerca de 350 deportados que denuncian agresiones. La Cancillería pidió a Venezuela cumplir normas internacionales.

Norte de Santander
Bogotá

La Cancillería colombiana exigió al Gobierno de Venezuela respetar la integridad y los derechos humanos de los connacionales en este país, que denuncian agresiones y otras vulneraciones en medio de las detenciones, junto a la deportación masiva de ciudadanos que se registra por la crisis en la frontera.

Según expresaron en un comunicado y en el marco del Estado de Excepción anunciado, piden que “se respete la integridad y los derechos humanos de los ciudadanos colombianos que sean objeto de detenciones, deportaciones y demás acciones adelantadas por las autoridades venezolanas”.

Lo anterior de conformidad a las “normas internacionales vigentes”, por lo que “exigimos que antes de aplicar las medias de deportación se analice en cada caso la situación familiar para garantizar la unión de padres e hijos”.

Testimonios recogidos en la zona de frontera, dan cuenta de cómo, por ser de nacionalidad colombiana, las autoridades de ese país han deportado a connacionales, sin tener en cuenta sus vínculos con familiares con ciudadanos venezolanos, desarticulando varias familias, especialmente en zona de frontera.

Dieron la instrucción además a las autoridades consulares colombianas para que continúen brindando asistencia a los connacionales afectados por las medidas que adelanta el gobierno de Venezuela.

El Gobierno Nacional reiteró su voluntad de cooperación con el Gobierno del vecino país, y lo instó a buscar una estrategia binacional de lucha contra el contrabando.

“Insistimos en nuestro rechazo por el cierre de la frontera, este genera un problema social de gran dimensión debido a la cantidad de personas que viven y transitan en la zona legalmente, además de los daños económicos que sin duda dejan para los dos países”, dijo la Cancillería.

Instan al presidente Nicolás Maduro a buscar mecanismos conjuntos para solucionar la problemática en la frontera, “minimizando el daño que esta medida produce para los hombres mujeres y niños de los dos países que viven, trabajan y estudian en la zona fronteriza”, y que han desencadenado en una crisis humanitaria.

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