Exjefe policial vinculado al caso Iguala es encarcelado en el oeste de México

El exjefe policial Francisco Salgado Valladares, vinculado a la desaparición de 43 estudiantes hace más de siete meses en el sur de México, fue recluido en la prisión de Tepic, capital del occidental estado de Nayarit, informó hoy la fiscalía mexicana.

México, 11 may (EFE).- El exjefe policial Francisco Salgado Valladares, vinculado a la desaparición de 43 estudiantes hace más de siete meses en el sur de México, fue recluido en la prisión de Tepic, capital del occidental estado de Nayarit, informó hoy la fiscalía mexicana.

La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) indicó en un boletín que Salgado, quien fuera subdirector de la Policía de Iguala cuando los estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre de 2014, fue detenido el 7 de mayo cuando cometía "un delito flagrante relacionado a la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos".

Al momento de su captura en Cuernavaca, capital del estado de Morelos, tenía en su poder cartuchos para fusil AK-47, por lo que fue puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), donde rindió su declaración ministerial.

La fiscalía indicó que el exjefe policial tenía una orden de aprehensión vigente librada por el juez Primero de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas, por lo que agentes federales, en cumplimiento a ese mandato, lo internaron en la prisión de Tepic el 9 de mayo.

Salgado Valladares, de 41 años y originario de Iguala, en el estado sureño de Guerrero, es señalado por presuntamente haber participado en la detención y entrega de los estudiantes a miembros de la delincuencia organizada.

Según declaraciones de policías detenidos de Iguala y del vecino municipio de Cocula, el exjefe policial ordenó el traslado de alrededor de 13 estudiantes a la zona de Loma de los Coyotes para ser entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, por lo que su testimonio es clave para el esclarecimiento del caso.

Otros detenidos aseguran que recibía cerca de 40.000 dólares mensuales del crimen organizado a cambio de prestar a los delincuentes protección institucional.

De acuerdo con la PGR, la noche del 26 al 27 de septiembre policías de Iguala dispararon contra los estudiantes y causaron la muerte de seis personas y heridas a otras 25, supuestamente para evitar que los jóvenes irrumpieran en un acto oficial.

Además, 43 estudiantes fueron detenidos por los agentes y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron e incineraron sus restos en un basurero de Cocula.

Sin embargo, los familiares de las víctimas no están satisfechos con esta versión y exigen que se profundicen las investigaciones, incluyendo la posible participación de miembros del Ejército en los hechos. EFE

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