Relaciones entre Perú y Comisión Interamericana de DD.HH. vuelven a tensarse

Llevadas al límite del rompimiento en los años 90, las relaciones entre el Estado peruano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han vuelto a tensarse en los últimos días, después de que el organismo admitiera una demanda presentada por 64 personas condenadas por terrorismo.

David Blanco Bonilla

Lima, 7 may (EFE).- Llevadas al límite del rompimiento en los años 90, las relaciones entre el Estado peruano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han vuelto a tensarse en los últimos días, después de que el organismo admitiera una demanda presentada por 64 personas condenadas por terrorismo.

Tras conocerse la decisión, tomada en enero pasado por la CIDH y confirmada esta semana por el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, los detractores del sistema interamericano de justicia volvieron a la carga para pedir que Perú se retire del organismo, al que acusan de proteger a los subversivos.

Se trata de un tema complejo en la vida interna del país, ya que Sendero Luminoso fue unas de las organizaciones terroristas más despiadadas de Latinoamérica, que en las dos últimas décadas del siglo XX lanzó una guerra que dejó unas 70.000 víctimas, según las cifras de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

Ya en 1999, el entonces presidente Alberto Fujimori decidió retirar a Perú de la parte contenciosa (de cumplimiento de las resoluciones) de la CIDH después de afirmar que el organismo "atentaba contra la soberanía y la seguridad nacional" al haber ordenado un nuevo juicio contra cuatro chilenos condenados por su militancia en el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Perú solo volvió al organismo interamericano "sin reservas" en enero de 2001.

Durante el régimen de Fujimori se dictaron medidas draconianas para luchar contra los senderistas, que incluyeron el uso de los jueces "sin rostro" (con identidades encubiertas) y los procesos a civiles llevados en el fuero militar.

Estas medidas, que en el caso de los jueces se dio porque los senderistas asesinaban a los que identificaban, fueron posteriormente cuestionadas en el fuero interamericano, que a comienzo del siglo XXI ordenó la celebración de nuevos juicios en la vía civil y con las garantías correspondientes.

Sin embargo, el camino de estas relaciones ha estado tachonado de desencuentros constantes, ante resoluciones la CIDH y de la CorteIDH, el tribunal del organismo, en favor de condenados por terrorismo que presuntamente vieron violados sus derechos durante la llamada "guerra interna" peruana.

En el caso revelado esta semana, un grupo de 64 condenados por terrorismo, entre los que figura Maritza Garrido Lecca, la bailarina condenada a 25 años de cárcel que se hizo famosa por haber acogido en su casa al fundador de Sendero, Abimael Guzmán, ha pedido a la CIDH que anule sus procesos.

Los demandantes afirman que el Estado Peruano vulneró sus derechos al enjuiciarlos en el fuero militar, con jueces sin rostro, y luego en tribunales ordinarios.

Afirma, en ese sentido, que sus declaraciones fueron obtenidas mediante torturas, no se debió juzgarlos por el delito de terrorismo y, por tanto, los procesos debe ser anulados.

Tanto las autoridades como los juristas peruanos han recordado, sin embargo, que esta medida se tomó precisamente en cumplimiento de un disposición de la CIDH, que anuló 600 procesos en tribunales militares y dispuso nuevos juicios en la Sala Penal Nacional.

Agrupaciones como el fujimorismo han sido más contundentes en pedir la retirada de la CIDH y consideran "agraviante" la resolución, mientras que otros señalan que el Estado peruano no tiene el peso político para defenderse ante las demandas internacionales que presentan los sentenciados por terrorismo.

Para algunos, mientras el Estado ha abandonado una política de lucha jurídica en este tema, los senderistas mantienen una presencia constante ante los organismos internacionales y hasta han generado empatía en esas instituciones.

Ante las voces que han pedido una respuesta dura por parte del Estado, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, ha remarcado que su país no contempla la posibilidad de retirarse del organismo.

Sin embargo, el ministro Adrianzén ya anunció "una durísima protesta al nivel más alto" por la decisión de la CIDH y enfatizó que los demandantes "son terroristas debidamente procesados y encarcelados".

Aunque las autoridades peruanas admiten que la Comisión no emite fallos, sino solo informes con recomendaciones, esperan que estos casos no sean derivados luego a la CorteIDH, pues los consideran un "despropósito" que puede agravar las ya tensas relaciones sobre el tema. EFE

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