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AI: Bolivia condena a las víctimas de dictaduras a ser borradas de historia

Amnistía Internacional (AI) denunció hoy la supuesta falta de voluntad del Estado de Bolivia para garantizar justicia a las víctimas de las dictaduras militares (1964-1982) en este país, lo cual condena a cientos de ellas a ser "borradas de la historia".

La Paz, 10 mar (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció hoy la supuesta falta de voluntad del Estado de Bolivia para garantizar justicia a las víctimas de las dictaduras militares (1964-1982) en este país, lo cual condena a cientos de ellas a ser "borradas de la historia".

"La falta de voluntad política para garantizar la verdad, justicia y la reparación a las personas que sufrieron violaciones a los derechos humanos durante los regímenes militares y autoritarios que gobernaron Bolivia entre 1964 y 1982 condena a las víctimas a ser borradas de la historia", señaló dicha organización en un informe remitido a Efe.

La época de las dictaduras en Bolivia comenzó en 1964 con el gobierno del general René Barrientos y duró 18 años, hasta que los militares entregaron el poder a civiles en 1982.

Amnistía Internacional presentó el informe "No me borren de la historia. Verdad, justicia y reparación", cuando se cumple una década de la ley boliviana 2640 que buscaba atender y otorgar resarcimientos a las víctimas de los regímenes militares.

El informe documenta "lo insuficientes que han sido las medidas adoptadas por las autoridades bolivianas para conocer la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos cometidas durante esos años, llevar a sus responsables ante la Justicia y proveer reparación a las víctimas".

Durante las dictaduras militares en Bolivia, más de 150 personas desaparecieron de manera forzada, al menos 200 fueron ejecutadas y cerca de 5.000 sufrieron detención arbitraria y miles más fueron obligadas a exiliarse, según los datos proporcionados por AI.

Según la investigadora de Amnistía para Bolivia, María José Eva Parada, "lamentablemente, aunque ha habido algunos avances en la lucha contra la impunidad, fuera de unos pocos casos emblemáticos, la mayoría de los responsables de los abusos de aquella época no han comparecido ante la Justicia".

El informe agrega que de seis mil peticiones de resarcimientos hechas en el marco de la ley 2640, menos de un tercio tuvieron un resultado exitoso debido a los estrictos requisitos, rigidez de plazos y falta de información sobre las normas y sus reglamentos.

"Esto es una afrenta para las víctimas y sus familiares", dijo Eva Parada, para quien no solo se les está negando atención, sino también su condición de víctimas.

"Muchas de ellas son de edad avanzada y puede ser que mueran sin alcanzar siquiera ese reconocimiento", lamentó la investigadora.

La organización también sostiene que existe una "nula colaboración de las autoridades militares para hacer disponibles sus archivos clasificados referentes a esa época", lo que contribuye a la falta de verdad, justicia y resarcimientos.

Amnistía Internacional redactó este informe con los datos recogidos en tres visitas a Bolivia entre 2012 y 2013, con cien entrevistas a las víctimas y a sus familiares y reuniones con los ministerios de Justicia y Defensa, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo.

En febrero pasado, un incendio destruyó un centenar de expedientes de víctimas de las dictaduras que se guardaban en las carpas que la Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad tiene instaladas en La Paz frente al Ministerio de Justicia boliviano.

Esa organización, que lleva dos años acampada ante la sede ministerial, denunció entonces que el suceso fue "un atentado" para destrozar las pruebas recogidas por ese colectivo con objeto de presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La plataforma agrupa a las víctimas de las dictaduras bolivianas y ha afirmado que sus miembros, instalados día y noche en esas carpas, sufren "hostigamiento permanente". EFE

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