Crece violencia contra defensores DDHH en Colombia con 78 asesinatos en 2013

La persecución a la protesta social y la falta de protección llevó a un incremento de la violencia contra los defensores de derechos humanos en Colombia, donde en 2013 se registraron 78 asesinatos y 209 amenazas directas, advirtió hoy el Programa Somos Defensores en su informe anual.

Ana Gómez

Bogotá, 23 feb (EFE).- La persecución a la protesta social y la falta de protección llevó a un incremento de la violencia contra los defensores de derechos humanos en Colombia, donde en 2013 se registraron 78 asesinatos y 209 amenazas directas, advirtió hoy el Programa Somos Defensores en su informe anual.

Este centro de estudios conformado por varias organizaciones no gubernamentales presentó los documentos "D de Defensa" y "Protección al Tablero", que conforman un análisis exhaustivo sobre la realidad de los derechos humanos en Colombia, un país en el que el año pasado aumentaron los asesinatos de activistas un 2,4 %, desde los 69 de 2012.

Esta situación se da en un contexto de búsqueda de la paz entre el Gobierno y las FARC, que choca con la "brutalidad policial y la estigmatización de los líderes", dijo a Efe el portavoz de Somos Defensores, Carlos Guevara, al matizar que la violencia se impuso principalmente durante la protesta social.

El año pasado fue particularmente movido en Colombia ya que se sucedieron marchas de cafeteros, campesinos, mineros e indígenas. En definitiva, durante 148 días más del 50 % del país tuvo sus calles y carreteras repletas de manifestantes.

Guevara indicó que esa violencia "ya no tiene que ver con problemas políticos", como ocurría en el pasado, sino con la denuncia de "temas económicos sensibles para ciertos sectores, bien sea la elite, los gamonales (caciques) o la guerrilla".

"Hay una cuestión clave: cada defensor o líder que esté dispuesto a meterse en temas económicos y que toque los callos de esa gente va a salir afectado", resumió.

Los agresores son desde grupos autodenominados "paramilitares" en zonas como Córdoba, César y Buenaventura y que operan "de la mano de las fuerzas militares" o para "el mejor postor", hasta los llamados "desconocidos", por no tener certeza de quienes son, así como las guerrillas FARC y ELN y la propia fuerza publica, según Guevara.

Aparte de 78 homicidios y 209 amenazas, los investigadores, que contaron con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), registraron en 2013 un total de 39 atentados, 22 detenciones arbitrarias, la desaparición de una persona, diez usos arbitrarios del sistema penal y un hurto de información.

Pero si nos remontamos a 2009, el acumulado son 219 defensores de derechos humanos asesinados, 703 amenazados, 143 víctimas de atentados y 93 detenciones arbitrarias, hechos que evidencian una mayor necesidad de prevención y protección.

En ese sentido, Somos Defensores ha presentado en paralelo el informe "Protección al Tablero", en que analiza la política de prevención y protección del Gobierno.

En total hay 7.487 colombianos que viven rodeados de escoltas armados y vehículos blindados a causa de las amenazas contra sus vidas, y de ellos sólo el 7,4% son líderes sociales y defensores de derechos humanos.

La mayoría de los protegidos son miembros del Gobierno, políticos, magistrados, alcaldes, concejales, congresistas, sindicalistas, periodistas e incluso desmovilizados de grupos armados ilegales, pero muchos defensores de derechos en las regiones, donde priman los intereses económicos y políticos, están desamparados.

Un sistema además que el Gobierno ha comenzado a privatizar al abrir una licitación pública a operadores particulares para que proporcionen vehículos, escoltas, armas, equipos de comunicación, bases de datos y sistemas de rastreo de información.

Las empresas Protección 33, Esquemas de Protección Siglo XXI y Sevicol-Superior ganaron ese concurso público valorado en más de 165 millones de dólares para ejecutarlo en dos años y medio.

Así, "el 76,7 % del funcionamiento de la protección en el país está en manos privadas", remarcó Guevara.

Una de las conclusiones de Somos Defensores es que las normativas y la nueva Unidad Nacional de Protección (UNP) funcionan en casos de emergencia, pero "el Gobierno no ha hecho la tarea en tratar de prevenir".

Todo ello bajo la premisa de que "la amenaza se convirtió en un mecanismo tan efectivo para presionar a otra persona que ya tiene uso comercial, político y hasta personalizado", concluyó el portavoz. EFE

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