Estaciones de Policía no deben estar en zonas de riesgo para la población

Al resolver una demanda contra la Policía Nacional, por los daños que sufrieron la iglesia, la casa cural y el colegio la Inmaculada de Puerto Rondón (Arauca), durante las tomas guerrilleras de marzo, septiembre y diciembre de 1999, el Consejo de Estado reiteró que las sedes de la institución deber estar ubicadas en zonas que no pongan en riesgo a la población civil

Con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero la sección Tercera precisó que el Estado debe proteger de manera especial los bienes inmuebles de las iglesias, para “proteger el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa y cumplir con los compromisos asumidos en los instrumentos internacionales”

Para el Tribunal la Policía Nacional debe responder por los perjuicios causados a la diócesis de Arauca por los ataques de la guerrilla

“Debido a que en estos casos las personas enfrentan un riesgo real de sufrir amenazas o vulneraciones de sus derechos humanos, el Estado asume una posición especial de garante que lo obliga a ofrecer una protección efectiva a la población civil y a adoptar todas las medidas a su alcance para evitar o conjurar situaciones de peligro razonablemente previsibles”, precisa la sentencia

El fallo recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado la prioridad de la obligación del Estado de adoptar medidas de protección y prevención en situaciones de conflicto armado, por lo que su omisión puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado

Insistió la sección Tercera que de acuerdo con la jurisprudencia del alto tribunal, en zonas en las cuales con frecuencia se ve alterado el orden público, las estaciones de policía deben tener una ubicación que no ponga en riesgo a la población aledaña.