Política

Alcalde Petro recusa al procurador Alejandro Ordóñez

Aduce que Ordóñez tiene interés directo en el caso y opinó previamente sobre el mismo.

Alcalde Petro recusa al procurador Alejandro Ordóñez

Caracol Radio conoció en exclusiva el documento en donde el alcalde Gustavo Petro, quien fue objeto de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de 15 años por parte de la Procuraduría, recusó al procurador Alejandro Ordóñez y a varios de sus delegados como lo son Juan Carlos Novoa y Carlos Arturo Ramírez, a la Viceprocuradora General, Marta Isabel Castañeda Curvelo

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Para acudir a esta recusación, el alcalde Gustavo Petro invocó dos causales fundamentales: tener interés directo en la actuación disciplinaria y haber manifestado su opinión sobre el asunto materia de la actuación

En un documento de 52 páginas, la defensa del alcalde Petro argumenta por qué otra instancia debe conocer de su proceso y, además, definir el futuro del mismo

En uno de los apartes el alcalde señala: “En el caso en cuestión, el Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002) contempla el impedimento y la recusación como mecanismos jurídicos para preservar el derecho a la imparcialidad de los funcionarios judiciales, a quienes corresponde apartarse del proceso de su conocimiento cuando se tipifica en su caso específico alguna de las causales que se encuentran expresamente descritas en la Ley”

Para el alcalde Gustavo Petro, en su caso hubo interés moral por parte del procurador Alejandro Ordóñez, lo que le impide ser imparcial en el proceso disciplinario en cuestión e impide a sus subalternos ser imparciales

Frente a la opinión que supuestamente expresó el Procurador, el alcalde dijo que se presentó el mismo día en el que anunció su destitución. Señala el alcalde en su recusación que El Procurador emitió juicios de valor, justificó las decisiones adoptadas, intentó convencer a la ciudadanía de la justeza de la decisión adoptada, señaló de manera inequívoca al investigado como responsable de la supuesta "crisis" que vivió la ciudad de Bogotá y estableció que la conducta asumida por el alcalde había sido "libre, consciente y voluntaria".

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