Interbolsa en etapa de recolección de pruebas en la Procuraduría
La investigación cobija al superfinanciero y tres delegados por no evitar el perjuicio de los inversionistas.
En junio el procurador general, Alejandro Ordóñez formuló cargos a varios funcionarios de la Superfinanciera, entre ellos a su titular Gerardo Hernández. Cinco meses después, el órgano de control continúa recolectando las pruebas que servirán para imponer sanciones o para absolver a los procesados
La investigación está relacionada con la presunta omisión de sus deberes en que habrían incurrido los funcionarios al no alertar sobre lo que ocurría en la firma comisionista antes de que el gobierno tomara la decisión de ordenar su intervención y su posterior liquidación
El pliego de cargos cobijó al superintendente Financiero Gerardo Hernández, quien según la Procuraduría al parecer no adoptó “las medidas preventivas tendientes a evitar el perjuicio a los inversionistas en el mercado de valores y la pérdida de confianza del público, al conocer desde finales de 2011, la posible manipulación del precio de la especie Fabricato y la probable manipulación de la liquidez de la especie BMC”
Los cargos también cobijan al superintendente delegado para Supervisión de Riesgos, Diego Mauricio Herrera, quien presuntamente conocía la manipulación del precio de la especie Fabricato S.A y no propuso la adopción de medidas preventivas
Otros funcionarios vinculados al proceso son el Superintendente delegado adjunto para Supervisión Institucional, Juan Pablo Arango y la superintendente delegada para Emisores y Portafolios de Inversión, Sandra Perea.
