Piden al procurador investigar a la ministra de Educación

La representante a la Cámara, Ángela Robledo, solicitó a la Procuraduría investigar y de ser el caso sancionar a la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, por no garantizar el derecho a la educación de unos 18 mil niños y jóvenes de los departamentos más pobres del país. “Solicito respetuosamente, se revise si María Fernanda Campo, Ministra de Educación, violó el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, al omitir, negar o entrabar, el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que está obligada, al permitir que 13.796 estudiantes del sector rural del Departamento de Bolívar no recibiesen el servicio educativo con calidad durante los primeros seis meses del año 2012, en detrimento de la responsabilidad que tiene la nación, de garantizar el cubrimiento del servicio, estipulada en el artículo 4º de la ley 115 de 1994”, anota el oficio radicado por la parlamentaria verde. Ángela Robledo dijo que: “He insistido a través de distintos debates de control político que la Ministra Campo no le está cumpliendo a niños y jóvenes de por lo menos 13 departamentos del país, tercerizando de mala manera recursos por más de 200 mil millones de pesos, en contrataciones que ni siquiera cumplen con el calendario escolar ”

La parlamentaria aseguró que es una lástima que esto ocurra precisamente en los departamentos con mayor fragilidad social y en los que la guerra golpea con mayor fuerza a los menores de edad como Amazonas, Antioquia, Bolívar, Casanare, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Córdoba, Huila, Norte de Santander, Santander, Meta y Caquetá, en donde se encontró que a 393 municipios del país no llega directamente el Ministerio de Educación

Ángela Robledo ha insistido en preguntar cuál es la responsabilidad ética y política del Ministerio de Educación que durante 20 años (resultado de la Ley 115 de 1994 y Decreto 2355 de 2009) conceptúa que las regiones no tienen suficiencia para cumplir con el derecho fundamental de niños y jóvenes a la educación. La congresista denunció que contratos como el suscrito entre la Gobernación de Bolívar y la Diócesis de Mangangué por $ 14.886.340.00 para cubrir a unos 18 mil estudiantes, (Contrato 276 del 1 de marzo de 2013), han derivado en numerosas irregularidades que líderes locales han denunciado como “negocios de la Señora Enilce López”

Ángela Robledo solicitó al Procurador que investigue además las acciones u omisiones del Gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossain y de su Secretario de Educación.