Justicia

Ley de extinción de dominio ya reconoce retribución de 5% por delatar bienes ilícitos

La Fiscalía dice que este beneficio podría llegar hasta un 6% si el afectado entrega pruebas para facilitar la extinción de dominio. La Procuraduría se opone.

Ley de extinción de dominio ya reconoce retribución de 5% por delatar bienes ilícitos

El enfrentamiento entre la Procuraduría y la Fiscalía por un artículo del proyecto de Código de Extinción de Dominio gira alrededor de los beneficios que otorgaría la nueva ley a los delincuentes o testaferros que confiesen y entreguen pruebas que permitan al Estado tomar posesión de esos bienes

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El artículo 129 del Código, que está para tercer debate en la comisión Primera del Senado, señala que el afectado que se acoja al trámite abreviado podrá hacerse acreedor a la retribución de hasta un 3% del valor de los bienes que sean objeto de sentencia anticipada. Adicionalmente, podría recibir otro 3% del valor de los bienes siempre y cuando aporten las pruebas que permitan a la justicia su ocupación y extinciónde dominio

El Procurador General, Alejandro Ordóñez, se opone a que se conceda este “beneficios a los testaferros, dado que sería un claro enriquecimiento ilícito y se pondría al Estado como promotor del testaferrato”

Sin embargo, la norma que critica el Procurador es tan antigua como los decretos de estado de sitio que dictó el gobierno de César Gaviria como parte de la lucha contra el cartel de Medellín. Hace parte del paquete de decreto que firmó en la época el entonces ministro de Justicia, Jaime Giraldo Ángel

Fuentes aseguraron a Caracol Radio que incluso ya pasó el examen de la Corte Constitucional

Actualmente, el artículo 6 de la ley 793 establece un beneficio del 5% de la liquidación de los bienes a quien delate y entregue pruebas que permitan al Estado la extinción de dominio de esas propiedades

Como lo reveló Caracol radio la fiscalía con base en esta norma está dispuesta a conceder el beneficio a los vinculados en el escándalo del carrusel de contratos en Bogotá que permitan ubicar los bienes y el dinero que se pagó por coimas durante la administración de Samuel Moreno.

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